LEY 4/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 1996.

Los créditos consignados en los Programas de Gastos tienen carácter limitativo y vinculante, con sujeción a la clasificación orgánica y funcional, a nivel de concepto económico. No obstante, este nivel será el de artículo y programa para los créditos incluidos en los Capítulos I y VI, y el de capítulo y programa para los créditos del Capítulo ITodo ello independientemente de la desagregación con que aparezcan.

Los créditos de la Sección 31 estarán vinculados a nivel de Capítulo y Programa.

Los créditos consignados en los presupuestos de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León estarán vinculados a los niveles establecidos en su Ley de creación.

El Fondo de Equiparación Salarial del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales será vinculante por su cuantía total.

Como consecuencia, el límite del gasto imputable a ejercicios futuros previsto en el artículo 108.3 de la Ley de la Hacienda, habrá de calcularse para el Capítulo VI sobre el crédito inicial existente en el artículo correspondiente.

En todo caso, tendrán carácter vinculante a nivel de concepto económico, los créditos declarados ampliables en el artículo 18. de esta Ley, los de edición del Boletín Oficial de Castilla y León, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y a la publicidad y promoción, y los créditos financiados por transferencias finalistas y por fondos estructurales, excepto los incluidos en el Capítulo VI de todas las Secciones y en el Capítulo IV de la Sección 31.

2. La vinculación de los créditos y el carácter limitativo que dispone la presente Ley no excusa en ningún supuesto la contabilización del gasto que se determina para cada caso, que como mínimo será:

1. De concepto económico y línea de subvención para las transferencias finalistas.

2. De concepto económico y proyecto para los gastos del Capítulo VI incluidos en el anexo de proyectos de inversión vinculantes.

3. De concepto económico para el resto de los gastos.

Los créditos consignados en el estado de gastos de la Sección Política Agraria Común se regirán, en cuanto a su ejecución y gestión, por las normas y procedimientos establecidos en los Reglamentos de la Unión Europea que sean de aplicación, por las normas que puedan dictarse en desarrollo de los mismos y por el Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Todos los créditos consignados en el Estado de Gastos de la Sección de Política Agraria Común tendrán la condición de ampliables o minorables en función de los ingresos efectivamente obtenidos de la Unión Europea.

2. Cuando se trate de subvenciones con cargo a la Sección P.A.C., el expediente del reconocimiento y pago de las obligaciones correspondientes estará constituido, al menos, por el listado de beneficiarios autorizado por el Organo competente y una certificación del Jefe del Servicio acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

3. Con cargo a los créditos a que se refiere este artículo, sólo podrán ordenarse pagos por un importe igual o inferior al de los ingresos efectuados en la Tesorería de la Comunidad para financiarlos.

Los créditos de la Sección 21 «Deuda Pública», serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común» por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

2. Los créditos del programa de gasto numero 064 «Oficina de Información y Portavoz de la Junta», incluidos en la Sección 01 «Consejería de Presidencia y Administración Territorial» serán gestionados por el Consejero que realice las funciones de Portavoz de la Junta de Castilla y León, con excepción de los créditos del Capítulo I «Gastos de Personal», que lo serán por el Consejero de Presidencia y Administración Territorial.

El órgano de contratación necesitará autorización de la Junta de Castilla y León en los siguientes casos:

1. Cuando su cuantía exceda de ciento cincuenta millones de pesetas. En el caso de gastos de carácter plurianual, cuya autorización corresponda al Consejero respectivo habrá de comunicarse preceptivamente ésta a la Junta de Castilla y León en el plazo máximo de 15 días.

2. Cuando se modifiquen los porcentajes o el número de anualidades a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Hacienda de la Comunidad.

   3. En el caso de las subvenciones, cuando el gasto a autorizar por beneficiario sea superior a cien millones.

4. Para formalizar Convenios de Colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, cuando la aportación de la Junta supere los veinticinco millones de pesetas.

Los Consejeros y los Presidentes de los entes de la Administración Institucional podrán autorizar y conceder en un mismo acto las subvenciones, dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin. Dichas atribuciones podrán ser objeto de delegación en el Secretario General de la Consejería, en los Directores Generales competentes por razón de la materia, en los Delegados Territoriales y en los órganos gestores de los entes de la Administración Institucional.

2. Durante 1996, en la concesión de las subvenciones plurianuales con cargo a las Medidas de Acompañamiento de la Política Agraria Común y al Real Decreto 1887/1991, no deberán cumplimentar el tramite previsto en el artículo 7. punto 1. cuando individualmente no superen la cifra de 5 millones por expediente. En este caso no serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 108 de la Ley de Hacienda.

3. Los Organos competentes de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León podrán autorizar y conceder en un mismo acto las subvenciones con sujeción a lo previsto en su Régimen Jurídico.

No podrán adquirirse compromisos por cuantía superior a las consignaciones que se destinen exclusivamente a satisfacer las obligaciones derivadas del cumplimiento de los objetivos contenidos en esta Ley o las modificaciones aprobadas conforme a la misma. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos y disposiciones generales con rango inferior a la Ley que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.

El pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos por la Junta y cuyo importe exceda de ciento cincuenta millones de pesetas podrá ser diferido hasta cuatro anualidades, conforme establece el artículo 108 de la Ley de la Hacienda, sin que en ningún caso el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al veinticinco por ciento del precio.

2. Las órdenes de pago correspondientes a subvenciones para gastos de funcionamiento de los organismos y entidades comprendidas en la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las correspondientes a transferencias a Consorcios en las que ésta participe podrán ser librados por cuartas partes al principio de cada uno de los trimestres naturales, con obligación de justificar las cantidades aplicadas en el mes siguiente a cada semestre, sin cuyo requisito no podrán efectuarse nuevos libramientos.

3. Los fondos que con tal naturaleza se destinen a la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León se librarán en firme y por trimestres anticipados, justificándose con la rendición de cuenta anual.

4. Podrán aplicarse a los créditos del ejercicio vigente en el momento de la expedición de las órdenes de pago las obligaciones derivadas de gastos y de contratos menores realizados en el ultimo trimestre del ejercicio anterior.

La autorización a que se refiere el artículo 73.1.b) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para los gastos de emergencia será inherente a la del documento contable por el Ordenador de Pagos. Dicho gasto se imputará a los créditos de la Consejería correspondiente y si no existiere crédito, la Consejería de Economía y Hacienda determinará las partidas a las que se imputará el mismo, financiándolo con la minoración de los créditos que menor perjuicio ocasione al funcionamiento de los servicios públicos.

2. En tanto se lleve a cabo la implantación del sistema de adquisición de bienes a través del Servicio Central de Suministros de la Comunidad Autónoma, las Consejerías podrán optar por adquirir directamente los bienes homologados por la Administración Central del Estado, con las características y precios fijados en los correspondientes Catálogos. La Junta, previa adhesión al sistema, establecerá los procedimientos de adquisición a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, y ésta seleccionará los catálogos que regirán para la adquisición de bienes homologados.

Los Convenios de Colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales se publicarán en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

2. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que regule la formalización de Convenios de Colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y Entidades Locales, en los que se les encomiende la gestión y urbanización de suelo. Estos Convenios, conforme autoriza el artículo 3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, quedan excluidos de su ámbito de aplicación.

En los referidos Convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la provisión del financiamiento que comprometan las Consejerías.

En los casos previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas los procedimientos de contratación derivados del desempeño de las funciones encomendadas en dichos convenios garantizarán la publicidad en la licitación mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, sin perjuicio de otras exigencias de publicidad que pudieran ser aplicables. Serán asimismo publicadas las adjudicaciones realizadas en dichos supuestos.

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 7/1986 de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, en lo que no resulte modificada por la presente.

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente las partidas afectadas, incluso en aquellos casos en que la vinculación lo sea a diferente nivel.

3. La propuesta de modificación, autorizada por el Consejero correspondiente, pondrá de manifiesto la incidencia, en su caso, en la consecución de los respectivos objetivos de gasto y las razones que la justifican.

4. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios, excepto los previstos en el artículo 109 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad, requerirá informe previo de la Dirección General de Asuntos Europeos. Asimismo requerirán informe previo de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial las modificaciones presupuestarias previstas en los artículos 17.1 y 38.3 de esta Ley.

5. La competencia para modificar créditos implica la de abrir conceptos presupuestarios dentro de los existentes en el código presupuestario aprobado por la Consejería de Economía y Hacienda.

6. Cuando las modificaciones autorizadas afecten a créditos del Capítulo I «Gastos de Personal» deberán ser comunicadas por la Consejería de Economía y Hacienda a la de Presidencia y Administración Territorial.

Deberán incorporarse a los programas de gasto del presupuesto en vigor, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan, los remanentes de créditos de carácter finalista, siempre que se haya producido el ingreso de los recursos que los financian o exista constancia formal de la asignación de dichos recursos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Se incorporarán al presupuesto los créditos que en el estado de gastos de ejercicios presupuestarios anteriores hubieran sido objeto de incorporación, así como aquellos créditos del ejercicio 1995 que se hubieran comprometido, siempre que los mismos estuviesen vinculados a inversiones reales y no se hubieran podido ejecutar como consecuencia de suspensión de pagos o quiebra de las Empresas adjudicatarias.

Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

1. A las establecidas en el artículo 115 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León. Estas limitaciones se referirán a nivel de concepto económico aunque la vinculación establecida lo sea a diferente nivel.

2. No podrán minorar créditos financiados con transferencias finalistas.

3. Los créditos financiados por la Unión Europea mantendrán el destino específico para el que fueron concedidos.

2. Las limitaciones del apartado l.a) del artículo 115 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad no serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas y en lo que se refiere a créditos ampliables, cuando el importe conjunto de éstos no resulte minorado.

La Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, autorizará las transferencias de créditos que afecten a más de una sección y se deriven de redistribuciones de competencias, reorganizaciones administrativas, de aplicación de créditos globales a específicos, de Fondos Comunitarios y de créditos de Capítulo I, en este caso previo informe de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Estos expedientes serán informados por los Interventores Delegados de las Consejerías cuyos créditos experimenten modificaciones.

Asimismo, corresponde a la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, la autorización de transferencias que supongan una minoración de los créditos de capital de una función.

2. Las transferencias entre créditos presupuestarios del Capítulo II serán autorizadas para cada Sección por el Consejero o Presidente del Organismo Autónomo respectivo, previo informe de la Intervención Delegada. De igual forma se podrán autorizar las transferencias de crédito del Capítulo VII, siempre que se realicen dentro del mismo artículo y programa.

   Estos acuerdos serán comunicados, como trámite preceptivo, a la Consejería de Economía y Hacienda que instrumentará su ejecución.

3. Las restantes transferencias de crédito serán autorizadas, a iniciativa de la Consejería interesada, por el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención Delegada de la Consejería correspondiente.

4. El informe de la Intervención Delegada versará sobre:

   1. El cumplimiento de las limitaciones que sean de aplicación en cada supuesto.

   2. La suficiencia de los créditos presupuestarios que se pretenda minorar.

   3. Cualesquiera otras que se deriven de la legislación aplicable al caso.

Excepcionalmente tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, los créditos que, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad o incorporados por vía de transferencia o como consecuencia de la creación de un nuevo servicio, se detallan a continuación:

1. Los destinados al pago de las cuotas de la Seguridad Social del personal al servicio de la Comunidad de Castilla y León, y las aportaciones de ésta a los restantes regímenes de previsión social de los funcionarios públicos que presten servicios en la misma.

2. Los destinados al pago del personal, en cuanto precisen ser incrementados, como consecuencia de elevaciones retributivas dispuestas durante el ejercicio o ejercicios anteriores por modificación del salario mínimo interprofesional o vengan impuestos con carácter general por regulación estatal o por decisión judicial firme.

3. El Fondo de Convenio del Personal Laboral.

4. Los que se destinen al pago de intereses, a la amortización del principal y a los gastos derivados de las operaciones de crédito.

5. Los destinados al pago de obligaciones derivadas de las operaciones de crédito avaladas por la Comunidad de Castilla y León.

6. Los créditos de transferencias corrientes que tengan por objeto la concesión de ayudas periódicas a personas físicas, siempre que los requisitos para la concesión de la ayuda estén fijados objetivamente por disposición normativa con rango de Ley o Decreto.

7. Los fondos destinados a medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común.

8. Los destinados al pago de tributos locales.

9. Los destinados al pago de obligaciones impuestas por decisión judicial firme.

2. Los expedientes de ampliación de crédito contemplarán los medios financieros que mantengan el equilibrio presupuestario, salvo casos excepcionales en los que ello no fuera posible, de los que se dará cuenta inmediata a las Cortes de Castilla y León.

Las ampliaciones de créditos previstas en el artículo anterior, que mantengan el equilibrio presupuestario por tener financiación, serán autorizadas por el Consejero de Economía y Hacienda. En caso contrario la competencia corresponderá a la Junta de Castilla y León.

2. Las de pensiones de Seguridad Social de Invalidez y Jubilación en su modalidad no contributiva previstos en la Ley 26/1990 y las de asistencia social se autorizarán, en su caso, por el Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar Social.

Podrán dar lugar a la generación de las correspondientes dotaciones presupuestarias en las Secciones que el Consejero de Economía y Hacienda determine en función de la materia:

1. Las rectificaciones o liquidaciones en materia de transferencias de competencias y funciones incorporadas con anterioridad.

2. El cumplimiento de Convenios con otras administraciones y entidades o ingresos de carácter finalista.

3. Ingresos procedentes de la Unión Europea, de acuerdo con la normativa que les sea aplicable.

4. Los procedentes de prescripción, bajas o anulaciones de partidas comprendidas en las relaciones nominales de acreedores.

2. Los créditos consignados en el Estado de Gastos cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, se ajustarán mediante el oportuno expediente de generación o minoración, con el fin de adaptarlos a las cuantías efectivamente concedidas. Si las obligaciones contraídas superasen dichas cuantías, este exceso será formalizado con cargo a otros créditos, de forma que se ocasione el menor perjuicio para el servicio público; posteriormente se realizarán las oportunas minoraciones en los créditos correspondientes. El Consejero de Economía y Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

3. Las generaciones de crédito que, cumpliendo lo establecido en el artículo 117 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, tengan carácter finalista, procedan de ingresos efectivos por sanciones y recargos, por recaudación del Boletín Oficial de Castilla y León, por reintegros de anticipos al personal y por compromisos de ingresos serán autorizadas por el Consejero de Economía y Hacienda; para las restantes, la competencia corresponderá a la Junta de Castilla y León.

Los Proyectos de Ley de concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, tramitados en virtud de lo dispuesto en la Ley de la Hacienda de la Comunidad, serán informados previamente por la Dirección General de Presupuestos y Programación y por la Asesoría Jurídica General de la Administración de la Comunidad.

La Junta de Castilla y León podrá declarar la no disponibilidad de todo o parte de un crédito consignado en el Estado de Gastos siempre que el mismo no esté financiado con recursos afectados.

Una vez declarada la no disponibilidad de un crédito la Consejería de Economía y Hacienda procederá a efectuar la retención del mismo, que permanecerá en esta situación hasta la liquidación del presupuesto, salvo que se declare su disponibilidad.

Con efectos de 1 de enero de 1996, las retribuciones íntegras del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 3,5 por ciento con respecto a las de 1995, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan al mismo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la Función Pública.

3. Durante 1996, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios. El número de plazas de nuevo ingreso será inferior al que resulte de aplicación de la tasa de reposición de efectivos.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley de la Función Pública, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

   . Grupo Sueldo Trienios

   . A 1.824.444 70.056

   . B 1.548.456 56.040

   . C 1.154.268 42.060

   . D 943.812 28.080

   . E 861.624 21.060

2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

3. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

   . Nivel Importe pesetas

   . 30 1.602.036

   . 29 1.437.012

   . 28 1.376.568

   . 27 1.316.112

   . 26 1.154.628

   . 25 1.024.416

   . 24 963.972

   . 23 903.552

   . 22 843.084

   . 21 782.760

   . 20 727.116

   . 19 689.952

   . 18 652.824

   . 17 615.672

   . 16 578.580

   . 15 541.428

   . 14 504.312

   . 13 467.160

   . 12 430.008

   . 11 392.916

   . 10 355.776

   . 9 337.224

   . 8 318.612

   . 7 300.084

   . 6 281.496

   . 5 262.920

   . 4 235.104

   . 3 207.300

   . 2 179.448

   . 1 151.656

4. El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía experimentará un incremento del 3,5 por ciento respecto a lo aprobado para el ejercicio 1995, sin perjuicio, en su caso de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

5. El complemento de productividad regulado en el artículo 58.3.c) del Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se fija como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal.

6. Los complementos personales transitorios derivados de la implantación del nuevo sistema retributivo, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación el aumento del 3,5 por ciento previsto en este artículo.

   Los complementos personales y transitorios serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 1996, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

   Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

   A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

7. El complemento de Atención Continuada en ningún caso experimentará una variación superior al 3,5 por ciento.

   Los Veterinarios de Salud Pública de los Servicios Veterinarios Oficiales destinados en Mataderos e Industrias Alimentarias que realicen sus funciones en horarios nocturnos, podrán percibir un Complemento de Atención Continuada en su modalidad de turno de noche por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

Durante el año 1996, la masa salarial del personal laboral no podrá experimentar un crecimiento global superior al 3,5 por ciento respecto de la percibida de modo efectivo en 1995, comprendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para 1996, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

   Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 1996 deberá solicitarse a la Consejería de Economía y Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 1995.

4. Durante el año 1996 será preciso informe de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a modificar o determinar las condiciones retributivas del personal laboral.

   Con el fin de emitir dicho informe, la Consejería de Presidencia y Administración Territorial remitirá a la de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto. El informe será emitido en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias en materia de gasto público, tanto para el año 1996 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento.

5. Los acuerdos o pactos que impliquen modificaciones salariales deberán respetar estrictamente los límites establecidos en la presente Ley.

   Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos.

En el año 1996 las retribuciones íntegras del Presidente y de los Consejeros de la Junta de Castilla y León experimentarán la misma variación que las de los funcionarios de la Comunidad, respecto a las que percibieron en 1995. Dichas remuneraciones se percibirán en un único concepto retributivo.

2. El régimen retributivo para 1996 de los Secretarios, Directores Generales y asimilados será el establecido con carácter general para los funcionarios públicos en la Ley de la Función Pública. Las retribuciones básicas y complementarias de los mismos experimentarán la misma variación que las de los funcionarios de la Comunidad, respecto a las que percibieron en 1995.

3. Los Altos Cargos a que se refiere el número anterior mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4. Los Altos Cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como empleados del sector público de acuerdo con la normativa vigente.

5. El Presidente tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Economía y Hacienda de entre los bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad. La Consejería de Presidencia y Administración Territorial se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los Consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente. En ningún caso los Altos Cargos ni el personal eventual podrán percibir dichas gratificaciones.

3. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Para la modernización de la Función Pública de la Administración Regional se incluye un fondo destinado a tal fin. Igualmente para todo el personal de la Administración Regional, excluidos los Altos Cargos y personal asimilado, se establece un Fondo de Acción Social destinado a ayudas sociales.

2. Se dota un fondo para la equiparación salarial del personal transferido por los Reales Decretos 905/1995 y 906/1995 en el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

Durante 1996, los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, con excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier poder público, como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.

La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario o laboral y la formalización de nuevos contratos de trabajo de personal laboral, así como la modificación de la categoría profesional de estos últimos, requerirá que los puestos figuren detallados en las respectivas relaciones de puestos de trabajo y que exista crédito disponible.

2. El requisito de figurar detallados en las relaciones de puestos de trabajo no será preciso cuando la contratación o el nombramiento se realice por un tiempo determinado y con cargo a los créditos correspondientes al personal laboral eventual o al capítulo de inversiones.

   Tampoco será preciso el requisito mencionado para el abono de las retribuciones de los funcionarios que se encuentren «a disposición» del respectivo Secretario General conforme a lo previsto en el artículo 49 apartados 2 y 3 de la Ley de la Función Pública de la Administración de Castilla y León, ni en los supuestos de sustitución de representantes sindicales liberados.

3. La provisión de los puestos de trabajo reservados a los representantes sindicales liberados se realizará por cada Consejería con cargo a los créditos disponibles que figuren en su capítulo de personal.

Consideración. Los créditos de gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Con cargo a los créditos para inversiones podrán formalizarse durante 1996 contrataciones de personal con carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos de las administraciones públicas, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

3. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal eventual.

2. Esta contratación requerirá informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y Programación, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

3. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. El incumplimiento de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de conformidad con el artículo 187 de la vigente Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios que hayan de exceder del mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

Los créditos financiados por los Fondos Estructurales de la Unión Europea, por el Fondo de Compensación Interterritorial u otros similares, se ajustarán durante el ejercicio presupuestario por la Consejería de Economía y Hacienda, adaptándolos a las cuantías concedidas, mediante expediente de generación o minoración, según corresponda.

2. Si las obligaciones contraídas superaren dichos importes, se realizarán las oportunas minoraciones de crédito de aquellos conceptos presupuestarios cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público, con las limitaciones establecidas en los apartados b) y c) del número 1 del artículo 16 de la presente Ley.

Las cantidades que se dotan a los proyectos incluidos o que en el futuro se incluyan en el «Anexo de Proyectos de Inversión Vinculantes», que asimismo se acompaña a los Presupuestos de la Comunidad, deberán destinarse exclusivamente a la realización de los referidos Proyectos. La modificación de éstos se comunicará a la Dirección General de Presupuestos y Programación, quien lo comunicará a su vez a las Cortes de Castilla y León.

2. En lo referente al Fondo de Compensación Interterritorial, la competencia para autorizar la sustitución de proyectos corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda a iniciativa de la Consejería gestora de los mismos.

3. Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las normas y establecer los procedimientos necesarios, al objeto de que por la Dirección General de Presupuestos y Programación se inicie un seguimiento de los objetivos definidos en las Memorias de Programas. Este seguimiento se orientará a los conceptos presupuestarios financiados por Fondos Comunitarios.

La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las Entidades Locales comprendidas en su territorio, se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como Anexo de esta Ley.

2. El Plan de Cooperación Local estará constituido por el Fondo de Cooperación Local, el Fondo de Apoyo Municipal y el conjunto de transferencias corrientes y de capital que, destinadas a las Entidades Locales de Castilla y León, figuren con tal carácter o denominación en esta Ley. La gestión de los créditos de cooperación local de todas las Secciones se efectuará en los términos que dispongan las Consejerías.

3. Las modificaciones de los créditos incluidos en el Plan de Cooperación Local, requerirán informe de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

El Fondo de Apoyo Municipal tendrá carácter incondicionado, y se destinará a los Municipios con población de derecho igual o superior a 20.000 habitantes, para el pago de los gastos generados por la implantación, mejora, ampliación o mantenimiento de servicios públicos no susceptibles de ser financiados con Tasas o precios públicos.

2. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, previo informe de la Federación Regional de Municipios y Provincias, aprobará la distribución de los créditos a que se refiere el apartado anterior.

3. Aprobada la distribución, se librará trimestralmente el importe que corresponda a cada municipio. Dentro del mes siguiente al ejercicio económico financiado, el Ayuntamiento remitirá a la Dirección General de Administración Territorial, cuenta justificativa de la aplicación de los fondos.

Una vez que las Diputaciones o Ayuntamientos hayan contratado los proyectos integrados en el Fondo de Cooperación Local, la Junta de Castilla y León librará a estas Corporaciones Locales el importe total de las ayudas concedidas, que será depositado en una cuenta exclusiva y única para este fin, de la que podrá disponerse, contra certificación de obras o facturas en la parte que corresponda a la Junta, según las prescripciones al respecto de la Ley de Haciendas Locales.

Los remanentes de fondos resultantes que al finalizar cada ejercicio existan en dichas cuentas, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como situación de Tesorería.

Finalizado el ejercicio económico, las Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, deberán remitir a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial un estado comprensivo de compromisos adquiridos, de obligaciones reconocidas y de pagos realizados hasta el cierre del ejercicio económico.

2. La Junta de Castilla y León aprobará la distribución de la parte no territorializada del Fondo de Cooperación Local para 1996, con anterioridad al 31 de mayo de dicho año.

3. Si mediante el oportuno Convenio entre una Diputación Provincial y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, esta última asume la gestión de un Hospital Provincial, los recursos consignados en el Fondo de Cooperación Local para la Corporación Local podrán ser transferidos a la mencionada Consejería de Sanidad, en los términos que prevea el Convenio.

La Junta de Castilla y León, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar los planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, estrategias, acciones, así como las previsiones de financiación y gasto.

Para el ejercicio 1996 se constituye con las cantidades que figuran en el «Anexo del Fondo de Compensación Regional», para ejecutar las inversiones programadas en cada uno de los territorios declarados menos desarrollados por el Decreto 134/1992.

2. Las modificaciones de estos créditos requerirán la aprobación de la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial y oído el Consejo de Cooperación de la Administración de la Comunidad Autónoma con las Provincias de Castilla y León.

La Junta podrá autorizar, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, la adquisición y construcción de inmuebles para sustituir los que ocupan las Consejerías en régimen de alquiler por sus servicios Administrativos, con cargo a sus respectivos créditos. Con esta finalidad podrá acordar las modificaciones presupuestarias que sean precisas.

Al amparo de la Ley 21/1994 de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, durante el ejercicio 1996 ésta podrá autorizar avales sobre operaciones de crédito concedidas por entidades de crédito a empresas privadas, cuyo objeto final sea la financiación de inversiones u otras operaciones de especial interés para la Comunidad Autónoma, hasta un importe máximo de ochocientos millones de pesetas en total y de cincuenta millones de pesetas individualmente.

2. Los créditos avalados a que se refiere el apartado anterior estarán orientados a:

   1. Mejorar las condiciones de producción, incluida la eliminación de efectos negativos sobre el Medio Ambiente.

   2. Mejorar los niveles de empleo.

   3. Operaciones viables de reconversión y reestructuración.

   4. Racionalizar la utilización de recursos energéticos.

   5. El fomento de mercados exteriores.

3. Al amparo y con sujeción a lo dispuesto en el Título VIII de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, durante el ejercicio 1996 la Junta podrá autorizar avales sobre operaciones de crédito concedidas por entidades de crédito, hasta un importe máximo de cuatro mil millones de pesetas en total y de quinientos millones de pesetas individualmente, cuando el destino del préstamo sea para la creación de nuevas empresas en el territorio de Castilla y León que faciliten el desarrollo de un entorno de alta tecnología y aceleren el proceso de ocupación de los parques tecnológicos.

4. Las empresas privadas que resulten beneficiarias de los avales de la Comunidad durante el año 1996 deberán tener su domicilio legal en Castilla y León. Asimismo, la mayoría de sus activos o la mayor parte de sus operaciones deberán encontrarse o realizarse en el territorio de la Comunidad Autónoma.

5. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, pueda autorizar avales a las empresas públicas de la Comunidad Autónoma hasta un límite global e individual de diez mil millones de pesetas.

6. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, pueda autorizar avales a las operaciones de crédito que se concierten para la realización de proyectos del Plan de Infraestructura Hidráulica Urbana de la Comunidad de Castilla y León, hasta un importe de tres mil millones de pesetas en total y de quinientos millones individualmente.

7. La entidad financiera cuyo crédito resulte avalado, deberá notificar a la Consejería de Economía y Hacienda cualquier incumplimiento del beneficiario del aval respecto de las obligaciones garantizadas, en el plazo de un mes.

8. Será necesaria una Ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales a empresas privadas, cuando su cuantía individual exceda de quinientos millones de pesetas o cuando la acumulación de avales diversos a una sola empresa pudiera superar tal cantidad.

La Comunidad Autónoma y en su caso la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León podrán realizar las aportaciones a las Sociedades de Garantía Recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de Castilla y León, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

Se autoriza al Consejo de Economía y Hacienda y a los Presidentes de organismos y entes de la Administración Institucional para que concierten operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con el fin de cubrir las necesidades transitorias de Tesorería derivadas de las diferencias producidas en el vencimiento de sus ingresos y pagos, según lo establecido en el artículo 38.1 del Estatuto y 14.1 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá reclamar al Ministerio de Economía y Hacienda la compensación por los Gastos financieros derivados de las operaciones de crédito que deba formalizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de las demoras en el cobro de la financiación procedente de la Administración Central del Estado.

Al Consejero de Economía y Hacienda le corresponde la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el presente artículo, así como la autorización del gasto correspondiente a los mismos.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, emita Deuda Pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 18.138.000.000,- pesetas (dieciocho mil ciento treinta y ocho millones de pesetas) destinados a financiar la realización de gastos de inversión, en los términos previstos en el artículo 38 del Estatuto y el 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. Con el fin de conseguir una eficiente administración de la Deuda Pública, la formalización de las operaciones de crédito, contraídas como derechos liquidados en presupuestos de la Comunidad de Castilla y León, podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su contracción, en función de las necesidades de Tesorería.

3. El endeudamiento formalizado antes de la fecha de liquidación de los presupuestos de 1995 se imputará prioritariamente a los derechos liquidados de esa cuenta de liquidación.

4. Los documentos de la formalización del endeudamiento serán justificación bastante para su contratación como derecho liquidado.

5. Al Consejero de Economía y Hacienda le corresponde la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el presente artículo, así como la autorización del gasto correspondiente a las mismas.

Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para concertar operaciones financieras o conversión de operaciones existentes, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo o el coste de la deuda, tales como seguros, permutas, opciones, contratos sobre futuros y cualquier otra operación derivada de tipos de cambio o interés, tratando de obtener un menor coste o una distribución de la carga financiera más adecuados o prevenir los posibles efectos negativos producidos por las fluctuaciones de las condiciones de mercado. La posible conversión no se computaría dentro del límite fijado en el artículo anterior.

2. Al Consejero de Economía y Hacienda le corresponde la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el presente artículo, así como la autorización del gasto correspondiente a la misma.

Las Empresas Públicas y el resto de la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León deberán obtener la autorización de la Dirección General de Tributos y Política Financiera con carácter previo a la concentración de sus operaciones de endeudamiento.

2. Las Empresas Públicas de la Comunidad de Castilla y León remitirán cada semestre natural a la Consejería a que estén adscritas un informe sobre el grado de realización del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación, conforme a las instrucciones que dicte la Consejería de Economía y Hacienda. Las Consejerías enviarán dicha información al Consejero de Economía y Hacienda dentro del mes siguiente de cada semestre.

3. Las Empresas Públicas de la Comunidad de Castilla y León cumplirán lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de la Hacienda, remitiendo a la Intervención General copias autorizadas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio así como del informe de gestión y del informe de la auditoría, cuando la sociedad esté legalmente obligada o se hubiera auditado, en el mes siguiente al de su aprobación.

   Las Empresas Públicas de la Comunidad que de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas no vengan obligadas a auditar sus cuentas anuales, someterán a revisión de la Intervención General de la Administración de Castilla y León sus cuentas anuales y el informe de gestión. La Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine dicho centro directivo.

4. Las retribuciones de los Presidentes, Directores Generales y Gerentes de las empresas públicas y entes públicos de la Comunidad de Castilla y León serán autorizadas por el Consejero de Economía y Hacienda a propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas.

5. Las transferencias corrientes a favor de Empresas Públicas tendrán la naturaleza de subvención de explotación, en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias. En caso de exceso, se considerará anticipo de tesorería.