DECRETO 9/2021, de 31 de marzo, por el que se regula la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
| Sección | II - Disposiciones Generales |
| Emisor | Consejeria de Presidencia |
| Rango de Ley | Decreto |
Las Administraciones Públicas, como organizaciones que son, para el desarrollo de su misión cuentan con el desempeño de las personas a su servicio.
Como en cualquier organización, las Administraciones Públicas necesitan que las personas que prestan en ellas servicios, realicen de la forma más adecuada sus funciones para cumplir con los fines de aquellas, que no son otros que satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
Es por tanto necesario contar con unas empleadas y empleados públicos debidamente formados para una eficiente prestación del servicio público, que debe estar inserto en un proceso de innovación y mejora continua.
Mediante la formación, las empleadas y empleados públicos adquieren un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y competencias para poder realizar un trabajo de calidad y más eficiente, que es la base para el logro de la excelencia en la prestación del servicio público.
Para la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la cualificación de las personas a su servicio siempre ha sido un tema de vital importancia, pues como se ha expuesto, es un elemento fundamental para su adecuado funcionamiento.
Esta importancia se manifiesta en la regulación que sobre la formación de los empleados públicos realiza la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, que en el artículo 57.1.d) determina que es un derecho de estos, y en el artículo 72 establece el mandato a la Junta de Castilla y León para que promueva la formación continua de todo el personal al servicio de la Administración Autonómica.
Posteriormente el Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, ha configurado la formación como un derecho y un deber de las empleadas y empleados públicos.
Con anterioridad a estas dos leyes, la Junta de Castilla y León creó la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, mediante Decreto 47/2002, de 27 de marzo.
La creación de la Escuela ha supuesto la profesionalización de la formación, el desarrollo de nuevos modelos formativos y el impulso en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la formación de las empleadas y empleados públicos autonómicos, logrando su desarrollo personal y profesional.
Martes, 6 de abril de 2021
Durante estos años de andadura, la Escuela ha ido adquiriendo conocimiento, experiencia y nuevas competencias no previstas en su norma de creación, que aconsejan la aprobación de un nuevo decreto regulador.
Asimismo, la Escuela ha ido ampliando el ámbito subjetivo de los destinatarios de sus actuaciones y, desde hace unos años, sus actividades formativas se dirigen, además de a las empleadas y empleados públicos autonómicos, a los de las entidades locales y al personal de administración y servicios de las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León.
Con la aprobación de este decreto, la Junta de Castilla y León pretende hacer una clara declaración de intenciones: la cualificación de las personas al servicio de la Administración Autonómica es un elemento vital e imprescindible para el adecuado funcionamiento de la misma.
Por ello, se quiere seguir profundizando en el desarrollo y fortalecimiento de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León y, por ende, en la formación de las empleadas y empleados públicos del conjunto de administraciones públicas de la Comunidad de Castilla y León, en aras de su mejora continua y del servicio público que prestan a la ciudadanía.
Además, se atribuye a la Escuela de Administración Pública de Castilla y León la gestión de la selección de las personas que integrarán el empleo público de esta Administración, puesto que la captación del talento y la formación son dos elementos que forman un tándem fundamental en la gestión de las personas al servicio de la Administración Autonómica.
La regulación que este decreto contiene se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a los previstos en el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, y en el Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Así, la nueva regulación básica del procedimiento administrativo común ha dado lugar a la exigencia de que la nueva regulación se adecúe a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Tanto el principio de necesidad como el de eficacia exigen que la norma sirva al interés general que, en este caso, consiste en seguir...
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