DECRETO 11/2021, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 227/1997, de 20 de noviembre.

Sección:II - Disposiciones Generales
Emisor:Consejeria de Presidencia
Rango de Ley:Decreto
 
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La normativa en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas en Castilla y León, está constituida, sustancialmente, por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y el Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 227/1997, de 20 de noviembre.

La modificación normativa que se contiene en este decreto, tiene por finalidad establecer un régimen jurídico homogéneo con el vigente en las demás Comunidades Autónomas, así como simplificar y agilizar el procedimiento de resolución de las solicitudes de compatibilidad del personal al servicio de las universidades públicas, de forma que los rectores de las universidades públicas de Castilla y León resuelvan las solicitudes de compatibilidad de su personal en todos los casos, y no solamente en determinados supuestos como establece la normativa actual, en consonancia también con los principios contenidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Supone la modificación del apartado 3 del artículo 28 del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 227/1997, de 20 de noviembre, que ya establece esta competencia de los rectores de las universidades, suprimiéndose ahora la referencia a determinados supuestos específicos en materia sanitaria e investigadora, de forma que el precepto recoja la competencia de los rectores para la resolución sobre todas las solicitudes de compatibilidad del personal cuyo puesto público esté adscrito a las universidades públicas de Castilla y León.

La regulación que este decreto contiene se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como los previstos en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en el Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas...

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