DECRETO 67/2011, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.
| Sección | II - Disposiciones Generales |
| Emisor | Consejeria de Economia y Empleo |
| Rango de Ley | Decreto |
Entre las competencias exclusivas asumidas por la Comunidad de Castilla y León que se recogen en el artículo 70.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su redacción dada por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, se encuentra el fomento del desarrollo económico que la Junta de Castilla y León ha venido desempeñando, bien directamente o bien a través de distintos entes instrumentales. Entes públicos de derecho privado, empresas públicas o participadas y fundaciones han venido y vienen desempeñando un papel auxiliar a la política económica de apoyo al tejido productivo de Castilla y León.
A tales efectos, por Ley 21/1994, de 15 de diciembre, se creó la «Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León» (en adelante ADE), que bajo la naturaleza de ente público de derecho privado nació con la finalidad esencial de apoyar a las empresas de Castilla y León aprovechando los recursos económicos de los Fondos Estructurales de la Unión Europea. Durante sus primeros 10 años de funcionamiento, la ADE desempeñó una labor esencial de apoyo financiero basado fundamentalmente en subvenciones a fondo perdido que el tejido productivo supo aprovechar para mejorar nuestra posición comparativa respecto de la renta media europea, generando riqueza productiva y un buen número de nuevos puestos de trabajo.
Este ente instrumental convivió en su actividad con otros entes que, fundamentalmente bajo la forma de empresas participadas por el sector público de Castilla y León, lo complementaban en sus funciones.
El importante avance en la economía de Castilla y León así como las nuevas tendencias que apuntaban un cambio de modelo productivo, hicieron que la Junta de Castilla y León se replanteara sus fórmulas de colaboración con las empresas de la región. De este modo, y fruto de un importante e intenso proceso de diálogo social que derivó en el I Acuerdo Marco para la competitividad empresarial de Castilla y León, se modificaron y crearon nuevos entes instrumentales para completar la atención y el apoyo a las empresas.
De este modo, la antigua ADE, a su labor de gestora de ayudas públicas sumó el apoyo mediante servicios especializados y la potenciación de la política sectorial y pasó a denominarse «Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León». Se creó la empresa pública ADE Financiación, mediante Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, para promover la puesta a disposición de las empresas de nuevos productos de naturaleza financiera, así como la Fundación Pública ADEuropa, como instrumento dirigido a la captación de nuevas inversiones provenientes del exterior, la cooperación empresarial y la captación de recursos europeos e internacionales para la innovación de las empresas.
Al mismo tiempo se potenciaron instrumentos preexistentes, fundamentalmente empresas participadas por la Agencia, tales como ADE Internacional EXCAL, dirigida a la internacionalización de las empresas de la región, ADE Capital SODICAL, como instrumento de capitalización de empresas estratégicas o de alto potencial de la región, IBERAVAL como sociedad de garantía recíproca garantizadora de financiación a las empresas o el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castilla y León, como entidad dirigida a apoyar la creación de empresas y los procesos de innovación empresarial.
El diseño y puesta en marcha de estos instrumentos se anticipaba así a la realidad del tejido productivo en los años siguientes. El fin del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2000-2006 cambió la posición de Castilla y León de manera importante. La importante actividad del tejido productivo, empresarios y trabajadores aprovechando las oportunidades y recursos que la Unión Europea brindaba, junto con las capacidades de gestión de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León y las empresas públicas y participadas, permitieron el salto de Castilla y León desde la llamada «región objetivo 1» a la consideración de región de «competitividad y empleo». Este cambio, que se materializaba bajo la consideración de «phasing in» para el período 2007-2013, lleva aparejado también la necesidad de cambiar las fórmulas de trabajo en el apoyo a las empresas. Cambios que se hicieron de manera anticipada desde el año 2004 como antes se ha indicado.
Esta predisposición a prever las necesidades de cambio de los modelos productivos en la actividad económica y el fomento de la misma, vuelve a repetirse en el momento actual. El II Acuerdo Marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León, suscrito el año 2010 con los agentes económicos y sociales en el seno de la Mesa para el Diálogo Social, vuelve a apuntar las líneas maestras de los cambios tanto del sistema productivo como de las actividades públicas que fomentan la actividad económica.
La aparición de una profunda crisis económica y financiera a nivel mundial, que ha afectado a Castilla y León como al resto de las regiones de Europa, ha derivado claramente en un nuevo escenario presupuestario público, donde la importante minoración de ingresos conlleva necesariamente a una racionalización del gasto. Este aspecto redunda y reafirma por tanto la necesidad de reordenar los instrumentos públicos o participados de apoyo al tejido empresarial, con el objetivo de la mayor eficiencia y efectividad del gasto unido a la búsqueda de nuevas fórmulas de apoyo más actuales, más coordinadas y más demandadas por los agentes económicos y con adecuación a la estructura del gasto y al sistema que la Unión Europea prevé aprobar para Castilla y León a partir del año 2014.
II
Una de las fórmulas más eficientes para hacer frente a los planteamientos antes indicados es la agrupación de algunos de los instrumentos preexistentes en uno sólo que permita economías de escala y unidad de acción.
La Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León dedica su Título III a la regulación de este nuevo ente, en el marco establecido en el Título VII de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, recogiendo en su artículo 36 la creación de la nueva Agencia como un Ente Público de Derecho Privado, dedicando el resto del articulado a la determinación de sus fines y actividades, así como a los bienes y medios económicos que se le asignan
para el cumplimiento de estos fines, entre otros aspectos. En la exposición de motivos de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, se menciona que el nuevo ente asumirá las funciones de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, de la empresa pública ADE Financiación, S.A. y de la Fundación ADEuropa.
En consonancia con ello, la Disposición Adicional Tercera de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, establece la extinción de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, y se autoriza la extinción de la empresa pública ADE Financiación, incorporándose los bienes, derechos y obligaciones de ambas entidades a la nueva Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.
En definitiva y conforme a lo anterior, la nueva Agencia permitirá concentrar en un solo ente público de derecho privado los bienes, derechos y obligaciones de los entes antes indicados permitiendo una actuación coordinada de todas y cada una de las funciones que tenían asignadas consiguiendo con ello, además de reducir costes estructurales en la Administración, responder a los cambios socio económicos y a la coyuntura actual y aprovechar sinergias a favor del fomento y apoyo del tejido productivo de Castilla y León.
III
La nueva Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León no sólo debe suponer el sumatorio de las funciones y actuaciones de los entes extinguidos. La creación de la nueva Agencia debe ser una oportunidad de consolidar aquellas actuaciones que suponen un activo positivo para el apoyo a la creación de riqueza y empleo en Castilla y León. Pero también debe permitir una revisión de aquellas actuaciones menos efectivas que precisan de su transformación, cambio o incluso desaparición, para desarrollar nuevas actividades que los mercados demandan.
La Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León debe apostar por nuevas formas de actividad de manera paralela a los cambios que la actividad productiva está teniendo. Orientar la actividad hacia el cliente con un trato más personalizado, promover el acompañamiento cercano a los proyectos empresariales, facilitando todo tipo de servicios, tanto de diseño de negocio, como de financiación asistida, de cambio y diversificación junto con la facilitación y agilización en los trámites de naturaleza pública en la Administración, deben ser nuevas fórmulas de trabajo de los Agentes profesionales integrados en la nueva entidad. La propia naturaleza de la Agencia como ente público de derecho privado debe facilitar y favorecer dichos nuevos cometidos.
Ejercer la tutoría personalizada a los nuevos emprendedores, promover la capitalización empresarial y de manera muy especial para las empresas innovadoras y de base tecnológica, ayudar a la puesta en marcha de procesos de I+D y de innovación empresarial, sobretodo aquellos que lleven aparejados procesos de industrialización tecnológica en Castilla y León o actividad cooperativa de investigación, deben ser también fórmulas de actuación que se consoliden en el seno de la nueva Agencia, sin perjuicio de otro tipo de actuaciones de probada eficacia de apoyo a la mejora de la organización interna, la productividad y la competitividad de las empresas.
Pero a la visión singularizada de cliente-empresa, la nueva Agencia de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba