LEY 11/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León:

1. El apartado 1 del artículo 7.º queda redactado del siguiente modo:

   1. Con carácter general la administración y conservación de los bienes patrimoniales de la Comunidad de Castilla y León compete a la Consejería de Economía y Hacienda, quien, asimismo ejercerá la representación extrajudicial, por medio del Centro directivo correspondiente. La representación en juicio será asumida por los letrados integrados en los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la normativa reguladora de la organización y funcionamiento de los Servicios Jurídicos de aquélla

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2. Se modifica el apartado 1 del artículo 9.º, que queda redactado en los términos siguientes:

   1. En la Consejería de Economía y Hacienda se establecerá el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad de Castilla y León, que comprenderá:

   a) Los bienes inmuebles de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea su naturaleza demanial o patrimonial, la forma de adquisición y el órgano que la haya realizado.

   b) Los derechos patrimoniales.

   c) Los bienes muebles de carácter histórico artístico y aquéllos cuyo valor supere la cuantía que se establezca reglamentariamente.

   d) Los títulos valores.

   e) Los bienes y derechos adscritos a los Organismos Autónomos dependientes de la Comunidad

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3. Se añade al artículo 48 un apartado 3 con la siguiente redacción:

   3. En los supuestos de arrendamiento con opción de compra, arrendamiento financiero y demás contratos mixtos tanto de arrendamiento y adquisición, como de enajenación y arrendamiento, se aplicará lo dispuesto en los artículos 40, 41, 54 y 55 de esta Ley.

   Los contratos de arrendamiento financiero y contratos mixtos a que se refiere el párrafo precedente se reputarán contratos de arrendamiento a los efectos previstos en el artículo 108 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad

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4. Se modifica el apartado 2 del artículo 53 que queda redactado del modo siguiente:

   2. No podrán enajenarse los bienes que se encuentren en litigio, salvo que la libertad de disposición resulte de los instrumentos de publicidad jurídica, y en este sentido informe el Servicio Jurídico. Si no existiera dicha salvedad y se suscitase después de iniciado el procedimiento de enajenación, éste quedará provisionalmente suspendido

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5. Se añade al artículo 54 un segundo párrafo con el texto siguiente:

   La Junta de Castilla y León o el Consejero de Economía y Hacienda podrán autorizar, en los respectivos acuerdos de enajenación, la celebración de contratos de arrendamiento, o de arrendamiento financiero de los bienes enajenados, cuando se considere procedente que temporalmente sigan siendo utilizados por los servicios administrativos

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6. Se modifica el artículo 70, que queda redactado en los siguientes términos:

   Artículo 70. Los bienes inmuebles y derechos patrimoniales cuya afectación o explotación no se juzgue necesaria, podrán ser cedidos gratuitamente a Entidades públicas o privadas para fines de utilidad pública o interés social. La competencia para otorgar tal cesión corresponderá a quien la tuviera para su enajenación conforme al artículo 54 de esta Ley

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7. Se modifica el artículo 72, que queda redactado del siguiente modo:

   Artículo 72. Asimismo, por la Consejería que los viniera utilizando, podrán cederse los bienes muebles para las mismas finalidades y con el mismo régimen, establecidos en los artículos 70 y 71 de esta Ley. El acto que decida la cesión de los bienes implicará su desafectación.

   En todo caso dicha cesión habrá de comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda

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8. El artículo 81 queda redactado como sigue:

   Artículo 81. La desafectación de los bienes que no sean precisos al uso general o a los servicios públicos compete a la Consejería de Economía y Hacienda, cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para su adquisición, la Consejería que la hubiera realizado o la causa por la que hubieran pasado al dominio público.

   La desafectación podrá efectuarse a iniciativa de la Consejería que tuviera afectados los bienes, o a instancia del Centro Directivo competente en materia de Patrimonio.

   En el primer caso la Consejería interesada se dirigirá a la de Economía y Hacienda indicando el bien a desafectar y las causas que determinen la desafectación.

   Cuando el Centro directivo competente en materia de patrimonio considere que existen bienes inmuebles afectados susceptibles de una mejor o distinta utilización podrá requerir una reordenación de su uso o proponer su desafectación.

   Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de los supuestos de desafectación implícita previstos en esta Ley

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9. Se modifica el apartado 1 del artículo 83, que queda redactado en los términos siguientes:

   1. La mutación de destino de los bienes de la Comunidad se realizará por la Consejería de Economía y Hacienda, en la que por el Centro directivo competente se incoará el oportuno expediente por propia iniciativa o a solicitud de la Consejería que precise los bienes que se hallen afectados a otras, en el que oídos los demás interesados se decidirá sobre el destino del bien mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda

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10. Se modifica el artículo 87, que queda redactado del modo siguiente:

    Artículo 87.

    1. En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley podrá la Consejería competente por razón de la adscripción del bien o derecho imponer multas del tanto al triplo del valor del daño causado.

    2. En los casos previstos en el párrafo anterior, el expediente se tramitará según lo dispuesto en las normas reguladoras del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

    3. Las infracciones administrativas se clasificarán en leves, graves y muy graves.

    a) Se consideran infracciones leves las que hayan producido daños hasta 100.000 pesetas.

    b) Graves las que hayan producido daños de 100.001 a 1.000.000 pesetas.

    c) Muy graves las que hayan producido daños de más de 1.000.000 pesetas.

    4. Las sanciones a imponer serán las siguientes:

    a) Por infracciones leves, multa de hasta el tanto del perjuicio causado.

    b) Por las infracciones graves multa desde el tanto hasta el tanto más un 50% del perjuicio causado.

    c) Y por las infracciones muy graves multa del tanto y un 50% hasta el triplo del perjuicio causado.

    5. Las sanciones a imponer se graduarán atendiendo a la intencionalidad, reiteración o a la naturaleza de los perjuicios causados o la reincidencia.

    6. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

    7. Las sanciones administrativas que se deriven de las infracciones a las que se refiere este artículo se impondrán con independencia de la obligación de los infractores de reparar el daño y restituir lo que hubieren sustraído. La Junta de Castilla y León adoptará, en cada caso, las medidas necesarias, para devolver los bienes afectados al estado anterior a la infracción

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11. Se introduce en la Ley una disposición adicional tercera redactada del modo siguiente:

    Tercera. Las referencias que la Ley hace a la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio y al Director General de Presupuestos y Patrimonio deben entenderse realizadas al Centro Directivo competente por razón de la materia y a su titular respectivamente

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12. Se introduce en la Ley una disposición adicional cuarta redactada en los términos siguientes:

    Cuarta. En todos aquellos casos que, de acuerdo con lo establecido por la presente Ley, la adquisición o la enajenación de bienes o derechos deba realizarse mediante los procedimientos de concurso o subasta, la propuesta relativa a la adjudicación se realizará por una mesa constituida conforme a lo establecido reglamentariamente

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La Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, queda modificada del siguiente modo:

1. Se modifica el apartado 2 del artículo 42, que queda redactado en los términos siguientes:

   2. La providencia de apremio expedida por el órgano competente y notificada al deudor, en la que se identificará la deuda pendiente y se requerirá su pago con el recargo correspondiente, es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago de las deudas correspondientes a los derechos referidos en el apartado anterior

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2. Se añade un apartado 4 al artículo 44 redactado del modo siguiente:

   4. La suscripción por la Hacienda de la Comunidad de los acuerdos o convenios en procesos concursales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, requerirá la autorización del órgano de la Consejería de Economía y Hacienda que se determine reglamentariamente

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3. Se modifica el apartado 1 del artículo 45, que queda redactado en los siguientes términos:

   1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Comunidad, por los conceptos comprendidos en este capítulo, devengarán intereses de demora del modo establecido por la legislación del Estado

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4. El artículo 47 queda redactado del siguiente modo:

   Artículo 47.

   La representación y defensa de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León ante los Jueces y Tribunales corresponde a los letrados integrados en los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la normativa reguladora de la organización y funcionamiento de los Servicios Jurídicos de aquélla; todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a los servicios jurídicos del Estado y salvo que por la Administración de la Comunidad Autónoma se designe abogado colegiado que la represente y defienda

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5. Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 115, que queda redactada del siguiente modo:

   b) No minorarán créditos para gastos destinados a subvenciones nominativas, ni los que hayan sido incrementados con suplementos, transferencias o incorporaciones, salvo cuando afecten a créditos de personal, estén financiados con recursos de carácter finalista, o se deriven de la transferencia de competencias a Entidades Locales

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6. Se modifica el primer párrafo del apartado 4 del artículo 122, que queda redactado del siguiente modo:

   4. Sin perjuicio de los supuestos previstos en la Ley de presupuestos de cada ejercicio, una vez concedida una subvención a instituciones o entidades sin ánimo de lucro, empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y entidades locales, podrá abonarse, sin necesidad de garantía ni previa justificación, un anticipo de hasta el cincuenta por ciento del importe de la misma. Cuando se trate de subvenciones de carácter plurianual, el señalado porcentaje podrá aplicarse al importe concedido para cada anualidad, previa justificación y liquidación de los anteriores

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7. Se modifica el apartado 8 del artículo 122, que queda redactado del modo siguiente:

   8. Los beneficiarios de las subvenciones habrán de acreditar, previamente al cobro, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en los términos que reglamentariamente se determinen.

   Cuando el beneficiario haya prestado la autorización a que se refiere la letra l) del punto 2 de este artículo, la correspondiente acreditación será obtenida directamente por la Consejería o entidad concedente en los términos establecidos reglamentariamente

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8. Se añade un apartado 13 al artículo 122 redactado de la manera siguiente:

   13. El pago de las subvenciones concedidas a las entidades locales podrá suspenderse en tanto no hayan cumplido sus obligaciones de pago derivadas de estipulaciones expresas de los contratos de obras o servicios cofinanciados con los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

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De conformidad con lo establecido en el artículo 78. bis de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la redacción dada por el artículo 27 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales Complementarias, con vigencia exclusiva para el ejercicio de 1998, se establecen las siguientes deducciones sobre la parte autonómica de la cuota íntegra:

1. Deducción por familia numerosa. Por familia numerosa se establece una deducción de 30.000 pesetas. El concepto de familia numerosa a estos efectos es el establecido en la Ley 25/1971, de 19 de junio, según la modificación introducida por la Disposición Final Cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre. Dicha deducción se incrementará en 10.000 pesetas por cada hijo beneficiario de la condición de familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigidos para obtener esa condición.

   Esta deducción únicamente podrá ser practicada por el cabeza de familia. Si éste y su cónyuge optaran por no efectuar tributación conjunta, el importe de la deducción se prorrateará entre ambos, a partes iguales.

2. Deducción por cantidades donadas para la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico artístico de Castilla y León. El diez por ciento de las cantidades donadas para la rehabilitación o conservación de bienes que se encuentren en el territorio de Castilla y León, que formen parte del Patrimonio Histórico Español y que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, cuando se realicen a favor de las siguientes entidades:

   Las Administraciones Públicas, así como las Entidades e Instituciones dependientes de las mismas.

   La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones o Comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado Español.

   Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los requisitos establecidos en el Título II de la Ley 30/1994 de 24 de noviembre, incluyan entre sus fines específicos, la reparación, conservación o restauración del Patrimonio Histórico.

   La base de esta deducción está sujeta a los mismos límites que los establecidos en el artículo 80.1 de la Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

   2. Justificación documental. La práctica de las deducciones previstas en el apartado anterior, requerirá justificación documental adecuada.

De conformidad con lo establecido en el apartado séptimo del artículo 3.º del Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, en su redacción dada por el artículo 32 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y Medidas Fiscales Complementarias, se establecen los siguientes tipos tributarios y cuotas fijas:

Uno. Tipos Tributarios.

1. El tipo tributario general será del 20 por 100.

2. En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:

   Porción de la base imponible comprendida entre pesetas Tipo aplicable porcentaje

   Entre 0 y 220.000.000 20 Entre 220.000.001 y 364.000.000 35 Entre 364.000.001 y 726.000.000 45 Más de 726.000.000 55

   Dos. Cuotas fijas.

   En los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de los juegos, la cuota se determinará en función de la clasificación de las máquinas realizada por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por el Real Decreto 593/1990, de 27 de abril, según las normas siguientes:

   1. Máquinas tipo «B» o recreativas con premio:

1. Cuota anual: 548.000 pesetas.

2. Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «B» en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:

   b.1. Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.

   b.2. Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 1.114.800 pesetas, más el resultado de multiplicar por 2.235 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.

   2. Máquinas tipo «C» o de azar:

   Cuota anual 802.000 pesetas.

   Tres. En caso de modificación del precio máximo de 25 pesetas autorizado para la partida de máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, la cuota tributaria de 548.000 pesetas de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, se incrementará en 10.500 pesetas por cada cinco pesetas en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 25.

   Si la modificación se produjera con posterioridad al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que exploten máquinas con permisos de fecha anterior a aquélla en que se autorice la subida deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de cuota que corresponda, en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda.

   No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por 100 de la diferencia, si la modificación del precio máximo autorizado para la partida se produce después del 30 de junio.

En la Tasa 21.10 «Prestación de Servicios Facultativos Veterinarios», gestionada por la Consejería de Agricultura y Ganadería, se añaden las siguientes Tarifas:

26 ª) Por la identificación del ganado bovino:

a) Por suministro de material de identificación para bóvidos

(crotal y documento de identificación) 45. pts.

b) Por suministro de material para recrotalización 90. pts.

c) Por expedición de duplicados de documentos de identificación de bóvidos 205. pts.

d) Por cada acto administrativo de autorización de marcas 350. pts.

El procedimiento de gestión, liquidación y recaudación de estas nuevas tarifas se realizará mediante autoliquidación, en la forma que reglamentariamente se determine

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Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 21/1994, de 15 de diciembre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León:

1. Se añade una letra c) al artículo 10, con la siguiente redacción:

   c) Cuantas otras atribuciones determine el Reglamento General de la Agencia de Desarrollo Económico

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2. Se modifica el artículo 21, que queda redactado del siguiente modo:

   Artículo 21. Control financiero. El control financiero de la Agencia de Desarrollo Económico por la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se realizará mediante auditorías de sistemas y procedimientos respecto del control interno que la propia Agencia deberá desarrollar

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Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León:

1. Se modifica el artículo 3.º, que queda redactado en los términos siguientes:

   Art. 3.º Organos rectores. Son órganos rectores de la Gerencia:

   El Consejo de Administración.

   El Presidente del Consejo de Administración.

   El Gerente

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2. El apartado 2 del artículo 4.º queda redactado del siguiente modo:

   2. El Presidente del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León tiene atribuida su alta dirección, impulsa la actuación de los distintos órganos que la integran y ostenta la representación superior de la Gerencia. Le corresponde en particular actuar como órgano de contratación de la Gerencia y autorizar gastos y ordenar pagos en ejecución de su presupuesto; las anteriores funciones podrán ser objeto de desconcentración o de delegación en el Gerente

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3. El actual apartado 2 del artículo 4.º pasa a ser apartado 3 con la siguiente redacción:

   3. El Gerente es el órgano unipersonal para la dirección y gestión operativa de la Gerencia de Servicios Sociales.

   3.1. Será nombrado y cesado por la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar Social.

   3.2. Son funciones del Gerente:

   a) Ostentar la representación ordinaria de la Gerencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo y en los términos que establezca su Reglamento.

   b) La inspección de los Servicios Sociales, así como el ejercicio de la potestad sancionadora.

   c) Proponer al Consejo de Administración la programación anual de la Gerencia.

   d) Proponer al Consejo de Administración el anteproyecto de Presupuesto anual de la Gerencia.

   e) Elevar al Consejo de Administración la memoria anual de gestión.

   f) Elevar al Consejo de Administración las tarifas y precios públicos que sean aplicables a los servicios prestados por la Gerencia.

   g) Ostentar la jefatura superior de todo el personal destinado en las unidades y centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, ejerciendo las competencias que la normativa vigente en la Comunidad Autónoma atribuya a los jefes superiores de las distintas Consejerías, en materia de personal, dando cuenta al Consejo de Administración.

   h) Elaborar los proyectos de Relaciones de Puestos de Trabajo de la Gerencia y someterlos a la consideración del Consejo de Administración, para su aprobación por el órgano competente.

   i) Delegar el ejercicio de sus atribuciones en los cargos inferiores tanto de la estructura central como provincial, en los términos que puedan establecerse por el Consejo de Administración.

   j) Cualquier otra que le sea atribuida

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Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 6/1986, de 6 de junio, reguladora de las relaciones entre la Comunidad de Castilla y León y las Entidades Locales, que queda redactado en los términos siguientes:

1. La Entidad Local receptora de la delegación deberá presentar, a través de la Consejería correspondiente y en los plazos que determine el Decreto que la acuerde, el estado de ingresos y gastos, una memoria de la gestión de los servicios delegados, incluyendo, en su caso, los niveles de calidad de la prestación de los mismos, así como, cuando lo estime conveniente el órgano a quien corresponde la dirección y el control, certificación de la Intervención referida a la situación de los fondos afectados al ejercicio de las funciones delegadas

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La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre, queda modificada en los términos que a continuación se indican:

1. Se modifica la letra j) del apartado 2 del artículo 10 y se añade a este apartado una nueva letra s) con la siguiente redacción:

   j) Aprobar la oferta de empleo público

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   s) Aprobar los planes de empleo a propuesta conjunta de la Consejería afectada y de la de Presidencia y Administración Territorial

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2. Se da nueva redacción a las letras p), r) y u) del apartado 2 del artículo 11, en los términos siguientes:

   p) Reconocer las situaciones administrativas de los funcionarios

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   r) Proponer a la Junta de Castilla y León las medidas que garanticen los servicios mínimos en los casos de huelga en el supuesto de que afecte a más de una Consejería

   .

   u) Reconocer la adquisición y cambio de grado personal, así como el tiempo de servicios previos y el de trienios

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3. La letra c) del artículo 12 queda redactada del siguiente modo.

   c) Informar los planes de empleo, así como las previsiones y medidas que se deriven de los mismos y que tengan incidencia en el gasto público

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4. Se añade un apartado 6 al artículo 20 redactado en los siguientes términos:

   6. En atención a la formación específica y especialización de las tareas a desarrollar, tendrán la consideración de Escalas de los Cuerpos de Administración Especial las siguientes:

   a) Dentro del Cuerpo Facultativo Superior del Grupo A, existirá la Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

   b) Dentro del Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo del Grupo B, existirán las Escalas de Inspectores de Calidad y Fraude Agroalimentario, así como la de Seguridad e Higiene en el Trabajo

   .

5. Se modifica el apartado 4 del artículo 25, que queda redactado del siguiente modo:

   4. Las convocatorias para la provisión de puestos de libre designación expresarán la denominación, nivel y localización del puesto de trabajo, así como los requisitos indispensables para poder optar a él, señalándose el plazo de presentación de solicitudes. Los nombramientos por libre designación requerirán el informe previo del titular del órgano superior inmediato al que figure adscrito el puesto convocado.

   El plazo para la resolución de los concursos será de ocho meses a partir de la fecha en que finalice el de presentación de solicitudes, pudiéndose, cuando la complejidad en su ejecución así lo aconseje, prorrogar dicho plazo por un periodo no superior a cuatro meses

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6. Se da nueva redacción a los artículos 28 y 29 en los términos siguientes:

El personal perteneciente al colectivo de camineros del Estado regulado por el Decreto 3184/1973, de 30 de noviembre, transferido a esta Comunidad Autónoma, y que no se haya integrado en el colectivo de personal laboral en virtud de los procedimientos establecidos por la Junta de Castilla y León, quedará como personal «a extinguir» y será destinado para los trabajos de conservación directa de las carreteras de la Comunidad Autónoma en los términos que al efecto establezca la Consejería de Fomento.