LEY 18/988, de 23 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales.

2. Todos los centros integrados en el sistema de Acción Social deberán garantizar la participación democrática de los usuarios o de sus tutores en el funcionamiento de los servicios, constituyéndose en los que sea posible órganos representativos de participación.

En cada centro existirá una carta de derechos y deberes de los usuarios.

2. El Consejero correspondiente ostentará la presidencia del mismo.

3. La Junta de Castilla y León establecerá su composición, organización y bases de su funcionamiento. En la composición estarán representadas las entidades de ámbito regional siguientes:

1. La Junta de Castilla y León.

2. Los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

3. Los Consejos Provinciales de Acción Social.

4. El Consejo Regional de Consumidores.

5. Asociaciones Profesionales que trabajen en estos sectores.

6. Las Entidades Privadas de servicios sociales y de acción social.

7. Las Fundaciones y Asociaciones Benéfico - Sociales.

8. La Federación de Cajas de Ahorros de la Región.

9. Los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales más representativas de la Región.

10. Las asociaciones vecinales.

11. Las asociaciones de desarrollo comunitario.

12. Cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que se consideren oportunas.

1. Proyectos de planes regionales.

2. Proyectos de delimitación de Zonas de Acción Social y creación de Centros de Acción Social.

3. Proyectos de disposiciones sobre transferencia o delegación de funciones de la Comunidad Autónoma y de traspaso de sus bienes y servicios a las Entidades Locales.

4. Establecimiento de las prestaciones económicas para las distintas Administraciones Públicas y sectores privados de la Región.

5. Partidas presupuestarias que se destinen anualmente a estas materias, en los Presupuestos Generales de Castilla y León.

6. Normas de desarrollo de la presente Ley.

7. Informe, propuesta y seguimiento de los programas y proyectos de la Junta en materia de acción social.

2. Su composición, organización y funcionamiento se determinará por las Diputaciones Provinciales respectivas. En todo caso estarán representados la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, los Ayuntamientos de la Provincia, los equipos de acción social y las entidades privadas de acción social.

2. Estos Consejos Sociales realizarán funciones no sólo de participación, sino que también gestionarán programas de acción social y servirán de instrumento a través de los cuales los representantes de las Instituciones, Entidades y Asociaciones participen en la elaboración, programación y seguimiento de las actividades sociales de animación y desarrollo comunitario, que se lleven a cabo en su ámbito de actuación.

3. Las Corporaciones Locales podrán adscribir recursos para la realización de estas actividades, en las condiciones o requisitos que se establezcan, pudiendo solicitar de la Junta de Castilla y León y de otras Administraciones Públicas las ayudas precisas para la gestión de sus programas.

4. La composición del Consejo Social vendrá determinada por la Administración competente, cuyo representante será su Presidente. Además de la representación de la Administración, formarán parte de los Consejos Sociales representaciones de las siguientes entidades presentes en la zona:

   - Asociaciones vecinales.

   - Instituciones de acción social.

   - Sindicatos de trabajadores y asociaciones de profesionales.

   - Asociaciones con fines de desarrollo comunitario.

   - Personal técnico de los centros y servicios de la zona.

   En los Consejos Rurales existirá una representación de los Ayuntamientos de la zona nunca inferior en número a la de la Diputación Provincial.

5. Cada Consejo Social elaborará sus Estatutos, en los que se contemplará su organización y funcionamiento.

   Sus cargos directivos, serán Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, que ostentarán las funciones y facultades que determine la Ley de Asociaciones.

   La aprobación de los Estatutos corresponderá a la Corporación Local respectiva.

1. Impulsar la animación y el desarrollo comunitario.

2. Potenciar la convivencia ciudadana a través del diálogo y la participación, entre todos los vecinos que forman la comunidad del barrio o medio rural.

3. Fomentar la formación integral de la persona, su educación permanente y la ocupación del ocio y tiempo libre de todos los ciudadanos, para llevarles a resolver por si mismos sus problemas individuales, familiares y sociales.

4. Colaborar al mayor bienestar social de los individuos en las áreas de salud física, psíquica y social.

4. Evitar o prevenir las conductas antisociales de aquellos individuos o grupos en situación de grave riesgo de marginación.

6. Promover e impulsar las relaciones con aquellas instituciones del barrio, o del medio rural, aún no integradas en el Consejo Social y con las diversas Entidades afines o con otros Consejos Sociales ya constituidos.

7. Informar la Memoria y el Programa de Actividades que les presente el Equipo de Acción Social.

8. Sugerir programas concretos de desarrollo de los servicios que presta el Centro de Acción Social.

9. Colaborar en la organización del voluntariado.

10. Servir de canal de transmisión de las inquietudes de la zona a las Administraciones Públicas.

11. En general, elaborar sus propios programas de barrio.

12. Realizar cuantos estudios sean precisos dentro de su entorno territorial, para el conocimiento de las necesidades del mismo y su posterior presentación a la Corporación Municipal respectiva.

1. De carácter educativo - formativo, encaminados al desarrollo y potenciación de la iniciativa y creatividad de los individuos y de los colectivos sociales, en orden a la consecución del bienestar social.

2. De naturaleza asistencial, con atención a la salud personal y social de los individuos, en los aspectos físicos, psicológicos y ocupacionales, con seguimiento de la problemática humana en el ámbito rural o del barrio.

3. Actuaciones orientadas al empleo del ocio y tiempo libre del ciudadano, mediante el desarrollo de actividades creativas y lúdicas.

4. De organización del voluntariado y de puesta en práctica de programas e solidaridad.

5. De carácter preventivo de la marginación y de la insolidaridad y de apoyo a la reinserción social.

2. La Junta de Castilla y León promoverá la participación de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en aquellos servicios básicos que así lo permitan y en los servicios específicos. Propiciará también la realización de actividades de animación comunitaria por estas Instituciones o Entidades.

3. Las Administraciones competentes podrán, cuando no existan servicios públicos, concertar la prestación de servicios básicos con asociaciones de vecinos o entidades de desarrollo comunitario. Especial atención merecerá la participación en el Sistema de Acción Social de Castilla y León de las entidades nacionales, como Cruz Roja Española y Cáritas.

4. Los Centros o Servicios privados podrán integrarse en el Sistema de Acción Social de Castilla y León mediante la firma de conciertos con la Administración competente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

   1. Realizar el servicio o actividad a prestar en territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

   2. Ausencia de fin de lucro.

   3. Figurar inscritos en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma.

   4. Coordinación de sus programas con el Plan Regional.

   5. Coordinación de sus actividades y control público de las ayudas percibidas.

   6. Cualquier otro requisito que se establezca, relacionado con la actividad o servicio subvencionado o concertado.

5. Las entidades privadas no integradas en el Sistema de Acción Social, y sus centros o servicios, podrán ser subvencionadas por las Administraciones Públicas.

2. Se entenderá por trabajo voluntario el conjunto de acciones realizadas por ciudadanos o asociaciones sin contraprestación económica, con el objetivo de conseguir los fines citados en el artículo 3 de esta Ley.

3. La prestación social sustitutoria realizada por los objetores de conciencia en centros y servicios integrados en el Sistema de Acción Social de Castilla y León estará comprendida en la organización del trabajo voluntario.

1. Regulación del Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la Comunidad.

2. Regulación de las condiciones y requisitos que deberán reunir todos los Centros y servicios para su puesta en marcha y funcionamiento.

3. Regulación de las condiciones y procedimientos necesarios para el internamiento y acogida de los menores desamparados, así como la elaboración de expedientes de adopción en el ejercicio de la tutela y protección de menores.

4. Regulación de los baremos y requisitos necesarios para el acceso a las prestaciones del sistema de Acción Social, en los casos en que existan.

5. Regulación del régimen de precios, bonificaciones y exenciones de los centros y servicios gestionados por la Administración Regional.

6. Regulación de las subvenciones y conciertos con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

7. Regulación de la constitución, composición y funcionamiento del Consejo Regional.

8. Regulación de los requisitos en la aplicación de la presente Ley a quienes ostenten la condición de extranjeros.

9. Regulación de los mecanismos precisos para garantizar la protección de los derechos de los usuarios a las prestaciones objeto de esta Ley.

10. Regulación del voluntariado social en los centros y servicios del Sistema de Acción Social.

11. Adopción de las medidas oportunas para garantizar la prestación social de los objetores de conciencia a realizar asimismo en los centros y servicios del Sistema de Acción Social.

12. Regulación de la constitución y funcionamiento de los Equipos de Acción Social.

13. Regulación de las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador.

14. Regulación de otras materias, que resulten necesarias para garantizar el desarrollo de la presente Ley.

1. La Planificación regional, que comprenderá:

   1. La aprobación por Decreto de los Planes Regionales de Acción Social. En su elaboración se tendrán en cuenta entre otros criterios la determinación de objetivos, ámbitos territoriales, recursos, criterios de financiación y sistemas de evaluación de sus resultados.

   2. La ratificación de las zonas de acción social propuestas por las Corporaciones Locales, así como las agrupaciones de éstas que sirvan de ámbito para la prestación de servicios específicos. La distribución de las zonas de acción social y de los recursos contenidos en la planificación regional se articulará en un Mapa Regional de Servicios Sociales.

2. Los Planes fijarán para cada sector o subsector específico los objetivos para los siguientes cuatro años. Dichos objetivos serán periódicamente revisados, manteniendo en cada revisión el horizonte temporal de los cuatro años siguientes.

3. Los Planes serán vinculantes para todas las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y para los sectores privados que perciban fondos públicos, que no podrán contravenir a las determinaciones establecidas en aquellos. Serán sólo indicativos para las restantes Administraciones Públicas y los sectores privados.

4. En la elaboración de los Planes participará el Consejo de Cooperación de la Administración de la Comunidad con las Provincias previo informe de la Comisión Sectorial de Cooperación de Acción Social y del Consejo Regional de Acción Social. Del contenido de los Planes se dará cuenta a las Cortes de Castilla y León.

5. Para mantener el principio de solidaridad regional le corresponde a la Junta aprobar, a propuesta del Consejo de Cooperación de las Provincias de Castilla y León, los objetivos y prioridades en materia de acción social y servicios sociales de los Planes Provinciales, así como el volumen de inversiones y las aportaciones que las diversas administraciones destinarán a dichos Planes, según lo dispuesto en la Ley 6/1986 de Castilla y León.

6. Las Administraciones Públicas y las entidades privadas de la Comunidad Autónoma que reciban fondos públicos vendrán obligadas a proporcionar, conforme determine la Consejería competente, la cooperación necesaria para la elaboración de los Planes Regionales y la información sobre sus programas.

1. La promoción, orientada a la difusión a nivel regional de los programas o actividades de acción social y a la realización de las tareas de acción comunitaria tendentes al fomento del asociacionismo y la participación de los ciudadanos.

2. La formación a través de programas continuados, tanto de los profesionales como del voluntariado, que participen en la ejecución de los servicios de acción social.

   Para la elaboración de los programas de formación del voluntariado se contará con la colaboración y experiencia de las distintas Administraciones Públicas e instituciones privadas sin ánimo de lucro de acción social.

3. La realización de un programa permanente de investigación y estudios sobre la diversa problemática de los servicios sociales de la Región.

4. La realización de programas de prevención de ámbito regional.

1. La creación y gestión de los centros y servicios propios que en razón de su complejidad, carácter experimental o ámbito regional, le sea reservada.

2. La gestión de los centros y servicios que, siendo titularidad de otras Administraciones Públicas o entidades privadas, le sean atribuidas por concierto, o transferidos por ley de la Comunidad, dado su ámbito supraprovincial o su especial naturaleza.

3. La organización y gestión de centros y servicios específicos que reviertan a la Comunidad en los supuestos de revocación de la transferencia a las Entidades Locales.

4. La gestión de los servicios necesarios para garantizar transitoriamente en la totalidad del territorio regional, la prestación adecuada de los servicios básicos, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones por las Corporaciones Locales titulares de la función.

5. El otorgamiento de autorización administrativa previa para la apertura, funcionamiento, modificación y clausura de los centros de servicios sociales.

6. La coordinación con los centros y servicios de titularidad privada.

7. El establecimiento de un Registro en el que serán objeto de inscripción los Centros y Servicios Sociales de carácter público o privado ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma.

2. El Centro Directivo competente en acción social será el encargado de coordinar, dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma, los programas generales relacionados con los servicios sociales específicos y cuya ejecución corresponda en parte a otras Consejerías.

1. El cumplimiento de la presente Ley y de sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las facultades de inspección de las Corporaciones Locales.

2. El cumplimiento de las condiciones fijadas en las transferencias o delegaciones de medios y servicios en favor de Diputaciones y Ayuntamientos.

3. El cumplimiento de las condiciones fijadas en los conciertos de integración de los centros privados en el Sistema de Acción Social.

4. La actuación de los centros y servicios de las Corporaciones Locales en concordancia con los principios del Sistema de Acción Social y la planificación regional.

Son competencias municipales:

1. Crear, organizar y gestionar los servicios básicos y específicos de ámbito municipal.

2. Promover la participación de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios sociales.

3. Proceder al establecimiento de Consejos Sociales de barrio.

4. Elaboración de programas de servicios y actividades en los sectores específicos, dentro del marco fijado en la programación regional.

5. Promover mecanismos de coordinación de las actuaciones y servicios sociales de las instituciones privadas que se encuentren en su ámbito territorial.

6. Colaborar con la Administración de Castilla y León en las facultades de delimitación territorial, autorización administrativa, inspección y sanción, prevención, estudios de recursos y necesidades, y en la promoción y formación de profesionales y voluntariado.

7. El ejercicio de las facultades de inspección y sanciones en sus propios centros.

8. La propuesta de zonificación de los servicios sociales.

9. Todas aquellas que le sean atribuidas, transferidas o delegadas de acuerdo con la legislación vigente.

2. Estos municipios podrán solicitar de la Junta de Castilla y León la dispensa de la obligación de establecer o prestar los servicios sociales cuando por sus características peculiares resulte de imposible o muy difícil cumplimiento. El acuerdo de dispensa contendrá necesariamente la adscripción subsidiaria y transitoria de estos servicios a la Diputación Provincial correspondiente o a la Administración Autonómica.

1. Crear, organizar y gestionar los servicios básicos y específicos de ámbito provincial o supramunicipal.

2. Promover la participación de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios sociales.

3. Regular la organización, composición y funcionamiento de los Consejos Provinciales de Acción Social.

4. Proceder al establecimiento de Consejos Sociales Rurales de Acción Social.

5. Coordinar los servicios sociales municipales a fin de asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial.

6. Establecer la programación provincial en armonía con la regional.

7. La cooperación y asistencia técnica, económica y jurídica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión de la acción social.

8. Establecimiento de prestaciones complementarias para fomentar la animación comunitaria.

9. Colaboración con la Junta de Castilla y León en las facultades de autorización administrativa, inspección y sanción, prevención, estudio de recursos y necesidades. y de promoción, y formación.

10. El ejercicio de las facultades de inspección y sanción en sus propios centros.

11. Propuesta del mapa de los servicios sociales en el ámbito de su competencia.

12. Todas aquellas que le sean atribuidas, transferidas o delegadas de acuerdo con la legislación vigente.

2. Sin perjuicio de las actuaciones que las Diputaciones tienen en orden a la satisfacción de las necesidades del ámbito provincial determinado en el apartado anterior, podrán instalar sus servicios específicos en cualquier parte del territorio provincial.

1. La vulneración de los derechos de los usuarios, con especial atención a las actuaciones que menoscaben su dignidad o pongan en peligro su seguridad.

2. La obstrucción a las facultades inspectoras de la Administración, el encubrimiento de ánimo de lucro, o cualquiera otra negativa o falseamiento de los datos a aportar a la administración.

3. El incumplimiento de las normas de autorización administrativa, Registro, concierto o subvención, y en general de todos los requisitos, obligaciones y prohibiciones establecidas en esta Ley y las normas que la desarrollen.

2. Las infracciones tipificadas, asimismo, en el artículo anterior, serán objeto de sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente que se ajustará a lo establecido en el Título VI, Capítulo II de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y laborales.

3. Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas.

Comprenderán una o varias de las siguientes medidas:

1. Multa.

2. Exclusión de la financiación pública por un período máximo de cinco años.

3. Cierre definitivo o temporal de la Institución o servicio.

2. No tendrán carácter de sanción, la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las previas autorizaciones o registro preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiere cometido.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los dos meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado.