LEY 8/1993, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 1994.

Los créditos consignados en los Programas de Gastos tienen carácter limitativo y vinculante, con sujeción a la clasificación orgánica y funcional, a nivel de concepto económico. No obstante, este nivel será el de artículo y programa para los créditos incluidos en los Capítulos I y VI, y el de capítulo y programa para los créditos del Capítulo ITodo ello independientemente de la desagregación con que aparezcan.

Los créditos de la Sección 31 estarán vinculados a nivel de Capítulo y Programa.

Como consecuencia, el límite del gasto imputable a ejercicios futuros previsto en el artículo 108.3 de la Ley de la Hacienda, habrá de calcularse para el Capítulo VI sobre el crédito inicial existente en el artículo correspondiente.

En todo caso, tendrán carácter vinculante a nivel de concepto económico, los créditos declarados ampliables en el artículo 19 de esta Ley, los de edición del Boletín Oficial de Castilla y León, los destinados a atenciones protocolarias y representativas, a la publicidad y promoción, y los créditos financiados por transferencias finalistas y por fondos estructurales, excepto los incluidos en el Capítulo VI de todas las Secciones y en el Capítulo IV de la Sección 31.

2. La vinculación de los créditos y el carácter limitativo que dispone la presente Ley no excusa en ningún supuesto la contabilización del gasto que se determina para cada caso, que como mínimo será:

1. De concepto económico y línea de subvención para las transferencias finalistas.

2. De concepto económico y proyecto para los gastos del Capitulo VI incluidos en el anexo de proyectos de inversión vinculantes.

3. De concepto económico para el resto de los gastos.

Los créditos consignados en el estado de gastos de la sección Política Agraria Común, se regirán en cuanto a su ejecución y gestión por las normas y procedimientos establecidos en los Reglamentos de la C.E.E. que sean de aplicación, por las normas que puedan dictarse en desarrollo de los mismos, por el Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Todos los créditos consignados en el Estado de Gastos de la Sección de Política Agraria Común, tendrán la condición de ampliables o minorables en función de los ingresos efectivamente obtenidos de las Comunidades Europeas.

2. Cuando se trate de subvenciones con cargo a la Sección P.A.C., el expediente del reconocimiento y pago de las obligaciones correspondientes estará constituido al menos, por el listado de beneficiarios autorizado por el Organo competente y una certificación del Jefe del Servicio acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

3. Con cargo a los créditos a que se refiere este artículo, sólo podrán ordenarse pagos por un importe igual o inferior al de los ingresos efectuados en la Tesorería de la Comunidad para financiarlos.

En la tramitación de expedientes de gasto con cargo a créditos financiados por el F.E.D.E.R., sólo podrá llegarse hasta el momento inmediatamente anterior al de la adjudicación de la obra, servicio o suministro, o al de la concesión de la subvención, en tanto el gasto no se considere elegible para la ayuda de dicho fondo. Cuando se trate de realizar gastos con cargo a créditos con financiación F.S.E. la limitación anterior se entenderá referida al 65 por ciento de la cuantía presupuestada.

Excepcionalmente la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar compromisos de gasto hasta la cantidad aprobada en los presupuestos.

Aprobada la forma de intervención correspondiente, el Consejero de Economía y Hacienda autorizará la supresión de los límites establecidos en el párrafo primero previo el expediente de ajuste de créditos al que se refiere el artículo 36 de esta Ley.

2. - Los créditos del programa de gasto número 064 «Oficina de Información y Portavoz de la Junta» incluidos en la Sección 01 «Consejería de Presidencia y Administración Territorial» serán gestionados por el Consejero que realice las funciones de Portavoz de la Junta de Castilla y León, con excepción de los créditos del Capítulo I «Gastos de Personal», que lo serán por el Consejero de Presidencia y Administración Territorial.

Será necesario acuerdo de la Junta de Castilla y León aprobando el gasto en los siguientes casos:

1. - Cuando su cuantía exceda de ciento cincuenta millones de pesetas o tenga plazo de ejecución superior al de vigencia del Presupuesto y hayan de comprometerse fondos públicos de futuros ejercicios.

2. - En la concesión de subvenciones cuando el gasto a aprobar por beneficiario sea superior a cien millones o comprometa fondos de futuros ejercicios.

3. - Para establecer Convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales cuando la aportación de la Junta supere los veinticinco millones de pesetas.

Dichas atribuciones podrán ser objeto de delegación en el Secretario General de la Consejería, en los Directores Generales competentes por razón de la materia y en los Delegados Territoriales.

2. - Durante 1994 la concesión de las subvenciones plurianuales con cargo a las líneas de acompañamiento de la Reforma de la Política Agraria y del Real Decreto 1.887/1991, podrán realizarse por el Consejero competente cuando individualmente no supere la cifra de 2,5 millones por expediente. En este caso no serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 108 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad.

No podrán adquirirse compromisos por cuantía superior a las consignaciones que se destinen exclusivamente a satisfacer las obligaciones derivadas del cumplimiento de los objetivos contenidos en esta Ley o las modificaciones e incorporaciones aprobadas conforme a la misma.

Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos y disposiciones generales con rango inferior a la Ley que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.

2. La Junta de Castilla y León podrá autorizar compromisos de gastos de carácter plurianual en el caso de subvenciones de capital cuya concesión se realice en el ejercicio presupuestario y su pago resulte integramente diferido a ejercicios posteriores, con las restantes limitaciones establecidas en la Ley de la Hacienda de la Comunidad.

3. Los compromisos de gasto de operaciones de capital cuyos créditos procedan de incorporación de remanentes y que continúen vigentes al finalizar el ejercicio se imputarán por las Consejerías al ejercicio corriente y en la parte que corresponda, previo ajuste de anualidades, a ejercicios futuros.

El pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos por la Junta y cuyo importe exceda de ciento cincuenta millones de pesetas podrá ser diferido hasta cuatro anualidades, conforme establece el art. 108 de la Ley de la Hacienda, sin que en ningún caso el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al veinticinco por ciento del precio.

2. Las órdenes de pago correspondientes a subvenciones para gastos de funcionamiento de los Organismos y Entidades comprendidas en la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las correspondientes a transferencias a Consorcios en las que ésta participe podrán ser librados por cuartas partes al principio de cada uno de los trimestres naturales, con obligación de justificar las cantidades aplicadas en el mes siguiente a cada semestre, sin cuyo requisito no podrán efectuarse nuevos libramientos.

Cuando al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado se exija la publicidad de las licitaciones y adjudicaciones, ésta se cumplirá mediante la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», salvo que legalmente se establezcan otros requisitos de publicidad a las distintas Administraciones Públicas.

2. Durante el presente ejercicio tendrán la consideración de gastos menores los que se refieren a obras, adquisiciones, servicios y trabajos especificos y concretos no habituales, siempre que estos últimos se realicen por profesionales y no supongan obligaciones de naturaleza laboral, por un importe inferior a un millón de pesetas, en los cuales podrá sustituirse el correspondiente expediente por una propuesta con adjudicación razonada y el documento contractual por la factura o justificante correspondiente.

3. En el procedimiento de adjudicaciones por subasta se considerará como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda en cinco unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de apreciar, no obstante, previos los informes adecuados y la audiencia del adjudicatario, como susceptibles de normal cumplimiento las respectivas proposiciones.

4. En tanto se lleve a cabo la implantación del sistema de adquisición de bienes a través del Servicio Central de Suministros de la Comunidad Autónoma, las Consejerías podrán optar por adquirir directamente los bienes homologados por la Administración Central del Estado, con las características y precios fijados en los correspondientes Catálogos. La Junta, previa adhesión al sistema, establecerá los procedimientos de adquisición a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, y ésta seleccionará los catálogos que regirán para la adquisición de bienes homologados.

Los Convenios de Colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales se publicarán en todo caso en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

2. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que regule la formalización de Convenios de Colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y Entidades Locales, en los que se les encomiende la gestión y urbanización de suelo.

Estos Convenios, conforme autoriza el art. 2.8 de la Ley de Contratos del Estado, quedan excluidos de su ámbito de aplicación.

En los referidos Convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la provisión del financiamiento que comprometan las Consejerías.

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, en lo que no resulte modificada por la presente.

1. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente las partidas afectadas, incluso en aquellos casos en que la vinculación lo sea a diferente nivel.

2. La propuesta de modificación -autorizada por el Consejero correspondiente- pondrá de manifiesto la incidencia, en su caso, en la consecución de los respectivos objetivos de gasto y las razones que la justifican.

3. Cualquier modificación de crédito que afecte a las inversiones reales, excepto las autorizadas por el art. 109 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad, requerirá informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.

4. La competencia para modificar créditos implica la de abrir conceptos presupuestarios dentro de los existentes en el código presupuestario aprobado por la Consejería de Economía y Hacienda.

5. Cuando las modificaciones autorizadas afecten a créditos del Capítulo I «Gastos de Personal», deberán ser comunicadas por la Consejería de Economía y Hacienda a la de Presidencia y Administración Territorial.

Deberán incorporarse a los programas de gasto del presupuesto en vigor, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan, los remanentes de créditos de carácter finalista, siempre que se haya producido el ingreso de los recursos que los financian o exista constancia formal de la asignación de dichos recursos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2. Los créditos consignados en el Estado de Gastos cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, se ajustarán mediante el oportuno expediente de incorporación o minoración, con el fin de adaptarlos a las cuantías efectivamente concedidas. El Consejero de Economía y Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Podrán incorporarse al Presupuesto corriente los créditos procedentes de prescripción, bajas o anulaciones de partidas comprendidas en las relaciones nominales de acreedores.

2. Se incorporarán al Presupuesto los créditos que en el estado de gastos de ejercicios presupuestarios anteriores hubieran sido incorporados, en virtud de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 109.2 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad, siempre que los mismos estuvieran vinculados a inversiones reales y no se hubieran podido ejecutar como consecuencia de suspensión de pagos o quiebra de las empresas adjudicatarias.

Será competencia del Consejero de Economía y Hacienda la autorización de las incorporaciones de créditos cuando los recursos procedan:

1. De prescripción, bajas o anulaciones de partidas comprendidas en las relaciones nominales de acreedores a que se refiere el párrafo I del artículo anterior.

2. De créditos incorporados en virtud de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 109.2 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad a que se refiere el párrafo 2 del artículo anterior.

Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

1. A las establecidas en el artículo 113 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León. Estas limitaciones se referirán a nivel de concepto aunque la vinculación establecida lo sea a diferente nivel.

2. No podrán minorar créditos financiados con transferencias finalistas.

3. Los créditos financiados por las Comunidades Europeas mantendrán el destino específico para el que fueron concedidos.

2. Las limitaciones del apartado 1.a) del artículo 115 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad no serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas y en lo que se refiere a créditos ampliables, cuando el importe conjunto de estos no resulte minorado.

La Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, autorizará las transferencias de créditos que afecten a más de una sección y se deriven de redistribuciones de competencias, reorganizaciones administrativas, de aplicación de créditos globales a específicos, de Fondos Comunitarios y de créditos de Capítulo I, en este caso previo informe de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Estos expedientes serán informados por los Interventores Delegados de las Consejerías cuyos créditos experimenten modificaciones.

Asimismo, corresponde a la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, la autorización de transferencias que supongan una minoración de los créditos de inversión, por cambio de programa.

2. Las transferencias entre créditos presupuestarios del Capítulo II serán autorizadas para cada Sección por el Consejero respectivo, previo informe de la Intervención Delegada. De igual forma se podrán autorizar las transferencias de crédito del Capítulo VII, siempre que se realicen dentro del mismo artículo y programa.

   Estos acuerdos serán comunicados, como trámite preceptivo, a la Consejería de Economía y Hacienda que instrumentará su ejecución.

3. Las restantes transferencias de crédito serán autorizadas, a iniciativa de la Consejería interesada, por él Consejero de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención Delegada de la Consejería correspondiente.

4. El informe de la Intervención Delegada versará sobre:

   1. El cumplimiento de las limitaciones que sean de aplicación en cada supuesto.

   2. La suficiencia de los créditos presupuestarios que se pretenda minorar.

   3. Cualesquiera otras que se deriven de la legislación aplicable al caso.

5. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda resolver los expedientes de transferencias presupuestarias en caso de discrepancia de la Consejería respectiva con el informe de la Intervención Delegada.

Excepcionalmente tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, los créditos que, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad o incorporados por vía de transferencia o como consecuencia de la creación de un nuevo servicio, se detallan a continuación:

1. Los destinados al pago de las cuotas de la Seguridad Social del personal al servicio de la Comunidad de Castilla y León, y las aportaciones de ésta a los restantes regímenes de previsión social de los funcionarios públicos que presten servicios en la misma.

2. Los destinados al pago del personal, en cuanto precisen ser incrementados, como consecuencia de elevaciones retributivas dispuestas durante el ejercicio o ejercicios anteriores por modificación del salario mínimo interprofesional o vengan impuestos con carácter general por regulación estatal o por decisión judicial firme.

3. Los fondos de modernización de la Función Pública de la Administración Regional contemplados en el artículo 26 de esta Ley y el Fondo de convenio del Personal Laboral.

4. Los que se destinen al pago de intereses, a la amortización del principal y a los gastos derivados de las operaciones de crédito.

5. Los destinados al pago de obligaciones derivadas de las operaciones de crédito avaladas por la Comunidad de Castilla y León.

6. Los créditos de transferencias corrientes que tengan por objeto la concesión de ayudas periódicas a personas físicas, siempre que los requisitos para la concesión de la ayuda estén fijados objetivamente por disposición normativa con rango de Ley o Decreto.

7. Los fondos destinados a medidas de acompañamiento de la Reforma de la Política Agraria Común.

8. Los créditos para anticipos al personal en la medida en que los ingresos obtenidos por los reintegros de los mismos excedan de los créditos presupuestados en cada Sección.

9. Los destinados al pago de tributos locales.

2. Los expedientes de ampliación de crédito contemplarán los medios financieros que mantengan el equilibrio presupuestario, salvo casos excepcionales en los que ello no fuera posible, de los que se dará cuenta inmediata a las Cortes de Castilla y León.

Las ampliaciones de créditos previstas en el artículo anterior, que puedan financiarse con incremento en el Estado de Ingresos serán autorizados por el Consejero de Economía y Hacienda.

Las de pensiones de seguridad social de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva previstos en la Ley 26/90 y las de asistencia social se autorizarán, en su caso, por el Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar Social.

En los restantes casos previstos en el artículo 79 de esta Ley, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, la competencia corresponderá a la Junta de Castilla y León.

Podrán dar lugar a la generación de las correspondientes dotaciones presupuestarias en las Secciones que el Consejero de Economía y Hacienda determine:

1. Las rectificaciones o liquidaciones en materia de transferencias de competencias y funciones incorporadas con anterioridad.

2. El cumplimiento de convenios con otras Administraciones y Entidades o ingresos de carácter finalista.

3. Ingresos procedentes de la Comunidad Económica Europea, de acuerdo con la normativa comunitaria que le sea aplicable.

2. Las generaciones de crédito que cumpliendo lo establecido en el artículo 117 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, procedan de ingresos efectivos por sanciones y recargos, por recaudación del Boletín Oficial de Castilla y León por reintegros de anticipos al personal y por compromisos de ingresos serán autorizadas por el Consejero de Economía y Hacienda; para las restantes, la competencia corresponderá a la Junta de Castilla y León.

Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito tramitados en virtud de lo dispuesto en la Ley de la Hacienda de la Comunidad serán informados previamente por la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio y por la Asesoría Jurídica General de la Administración de la Comunidad.

Con efectos de 1 de enero de 1994, las retribuciones íntegras del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León no sometido a la legislación laboral, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no experimentarán variación con respecto a las establecidas en el ejercicio 1993, sin perjuicio de las modificaciones de las retribuciones complementarias que puedan producirse conforme a lo establecido en los apartados tercero y cuarto del presente artículo.

2. Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley de la Función Pública, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

   1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

      ......... Grupo ........... Sueldo .............. Trienios....... ----------------------------------------------------------------- ............A ............ 1.703.126 ............. 65.381........ ............B ............ 1.445.490 ............. 52.310........ ............C ............ 1.077.511 ............. 39.251........ ............D .............. 881.050 ............. 26.192........ ............E .............. 804.322 ............. 19.650........

   2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

   3. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

      ........... Nivel .......................... Importe pesetas .... ----------------------------------------------------------------- ............ 30................................ 1.495.513 ....... ............ 29................................ 1.341.457 ....... ............ 28................................ 1.285.029 ....... ............ 27................................ 1.228.596 ....... ............ 26................................ 1.077.854 ....... ............ 25.................................. 956.299 ....... ............ 24.................................. 899.868 ....... ............ 23.................................. 843.462 ....... ............ 22.................................. 787.019 ....... ............ 21.................................. 730.711 ....... ............ 20.................................. 678.756 ....... ............ 19.................................. 644.066 ....... ............ 18.................................. 609.413 ....... ............ 17.................................. 574.736 ....... ............ 16.................................. 540.095 ....... ............ 15.................................. 505.417 ....... ............ 14.................................. 470.764 ....... ............ 13.................................. 436.086 ....... ............ 12.................................. 401.409 ....... ............ 11.................................. 366.780 ....... ............ 10.................................. 332.115 ....... ............. 9.................................. 314.788 ....... ............. 8.................................. 297.425 ....... ............. 7.................................. 280.123 ....... ............. 6.................................. 262.760 ....... ............. 5.................................. 245.433 ....... ............. 4.................................. 219.462 ....... ............. 3.................................. 193.502 ....... ............. 2.................................. 167.506 ....... ............. 1.................................. 141.559 .......

3. El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, no experimentará variación respecto al establecido para 1993, sin perjuicio de que dicho complemento pueda ser modificado con el fin de asegurar que su retribución global guarde la relación adecuada con la estructura orgánica y el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

4. El complemento de productividad regulado en el artículo 58.3.c del Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se fija como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal.

5. Los complementos personales transitorios derivados de la implantación del nuevo sistema retributivo no experimentarán incremento, y serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 1994, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

   Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

   A los efectos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

6. El complemento de Atención Continuada experimentará la misma variación que las demás retribuciones complementarias.

   Los Veterinarios de Salud Pública de los Servicios Veterinarios Oficiales, destinados en Mataderos e Industrias Alimentarias que realicen sus funciones en horarios nocturnos, podrán percibir un Complemento de Atención Continuada en su modalidad de turno de noche por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

Durante el año 1994, las retribuciones integras del personal laboral al servicio de la Comunidad, no podrán experimentar variación con respecto a las de 1993, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del presente artículo.

2. La masa salarial del personal laboral no podrá experimentar incremento alguno respecto de la establecida para el ejercicio de 1993, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

   Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

   Las variaciones de la masa salarial bruta se calculará en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para 1994, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 1994 deberá solicitarse a la Consejería de Economía y Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 1993.

4. Durante el año 1994, será preciso informe de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a modificar o determinar las condiciones retributivas del personal laboral.

   Con el fin de emitir dicho informe, la Consejería de Presidencia y Administración Territorial remitirá a la de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto. El informe será emitido en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias en materia de gasto público, tanto para el año 1994 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento.

5. Los acuerdos o pactos qué impliquen modificaciones salariales deberán respetar estrictamente los límites establecidos en la presente Ley.

   Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos.

El personal al servicio e la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los Consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas.

Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal del trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente. En ningún caso los Altos Cargos ni el personal eventual podrán percibir dichas gratificaciones.

En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras Administraciones Públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Como consecuencia del acuerdo relativo a la modernización de la Función Pública de la Administración Regional se incluye un fondo destinado a tal fin. Igualmente para todo el personal de la Administración Regional, excluidos los Altos Cargos y personal asimilado, se establece un fondo de acción social destinado a ayudas sociales.

Durante 1994, los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, con excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier poder público, como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.

Con el fin de conseguir la racionalización de la estructura de personal por la vía de la adecuación de su estatuto jurídico a las funciones desarrolladas, se faculta a la Junta para establecer las condiciones de integración en el colectivo de personal laboral a los funcionarios del Grupo D procedentes de las escalas de Auxiliares de Laboratorio de los Organismos Autónomos del M.A.P.A. y Ayudantes de Laboratorio de I.N.C.E., que voluntariamente lo soliciten.

2. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario o laboral y la formalización de nuevos contratos de trabajo de personal laboral, así como la modificación de la categoría profesional de estos últimos, requerirá que los puestos figuren detallados en las respectivas relaciones de puestos de trabajo y que exista crédito disponible.

3. El requisito de figurar detallados en las relaciones de puestos de trabajo no será preciso cuando la contratación o el nombramiento se realice por un tiempo determinado y con cargo a los créditos correspondientes al personal laboral eventual o al capítulo de inversiones.

Tampoco será preciso el requisito mencionado para el abono de las retribuciones de los funcionarios que se encuentren «a disposición» del respectivo Secretario General conforme a lo previsto en el articulo 49 apartados 2 y 3 de la Ley de la Función Pública de la Administración de Castilla y León, ni en los supuestos de sustitución de representantes sindicales liberados.

La provisión de los puestos de trabajo reservados a los representantes sindicales liberados se realizará por cada Consejería con cargo a los créditos disponibles que figuren en su capitulo de personal.

Altos Cargos. 1. En de año 1994 las retribuciones íntegras del Presidente y de los Consejeros de la Junta de Castilla y León experimentarán la misma variación que las de los funcionarios de la Comunidad, respecto a las que percibieron en 1993.

2. Las retribuciones básicas y complementarias de los Secretarios Generales, Directores Generales y asimilados experimentarán la misma variación que las de los funcionarios de la Comunidad, respecto a las que percibieron en 1993.

   Los Secretarios Generales y en su nivel los Directores Generales y asimilados a ambas clases de Cargos, tendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente.

3. Los Altos Cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como empleados del sector público de acuerdo con la normativa vigente.

4. El Presidente tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Economía y Hacienda de entre los bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad. La Consejería de Presidencia y Administración Territorial se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

Consideración. Los créditos de gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Con cargo a los créditos para inversiones podrán formalizarse durante 1994 contrataciones de personal con carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

3. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal eventual.

Esta contratación requerirá informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo, en la redacción dada por la Ley 32/1984 de 2 de agosto. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. El incumplimiento de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de conformidad con el artículo 187 de la vigente Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios que hayan de exceder del mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual.

Al amparo y con sujeción a lo dispuesto en el Titulo VIII de la Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, durante el ejercicio 1994, la Junta podrá otorgar avales sobre operaciones de crédito concedidas por entidades financieras, hasta un importe máximo de ochocientos millones de pesetas en total y de cincuenta millones de pesetas individualmente.

2. Las empresas privadas que resulten beneficiarias de los avales de la Comunidad durante el año 1994 deberán tener su domicilio legal en Castilla y León. Asimismo, la mayoría de sus activos o la mayor parte de sus operaciones deberán encontrarse o realizarse en el territorio de la Comunidad Autónoma.

3. Los créditos avalados a que se refiere el apartado I se destinarán a financiar inversiones u otras operaciones de especial interés para la Comunidad Autónoma orientadas prioritariamente a:

   1. Mejorar las condiciones de producción, incluida la eliminación de efectos negativos sobre el medio ambiente.

   2. Mejorar los niveles de empleo.

   3. Operaciones viables de reconversión y reestructuración.

   4. Racionalizar la utilización de recursos energéticos.

   5. El fomento de mercados exteriores.

4. Durante el ejercicio 1994 se podrán otorgar avales sobre operaciones de crédito concedidas por entidades financieras, hasta un importe máximo de cuatro mil millones de pesetas en total y de mil millones de pesetas individualmente, cuando el destino del préstamo sea para la creación de nuevas empresas en el territorio de Castilla y León que faciliten el desarrollo de un entorno de alta tecnología y aceleren el proceso de ocupación de los parques tecnológicos.

   Con independencia de lo expuesto anteriormente, y previo conocimiento de las Cortes, podrán otorgarse avales por cuantías superiores a las establecidas en el párrafo anterior a aquellas Empresas que se instalen en territorio de Castilla y León, siempre que estén acogidas a los diferentes regímenes de incentivos regionales establecidos o que establezca la Administración Central del Estado o la Junta de Castilla y León; el aval tendrá como límite el importe del incentivo concedido.

5. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, pueda otorgar avales a las empresas públicas de la Comunidad Autónoma hasta un importe de diez mil millones de pesetas.

6. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, pueda otorgar avales a las operaciones de crédito que se concierten para la realización de proyectos del Plan de Saneamiento Integral de las Aguas de la Comunidad de Castilla y León, hasta un importe de tres mil millones de pesetas en total y de mil millones individualmente.

7. La entidad financiera cuyo crédito resulte avalado, deberá notificar a la Consejería de Economía y Hacienda cualquier incumplimiento del beneficiario del aval respecto de las obligaciones garantizadas, en el plazo de un mes.

La Comunidad Autónoma podrá realizar aportaciones a los Fondos de Garantía de las Sociedades de Garantía Recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de Castilla y León, de forma genérica o a cuenta de los socios partícipes.

Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con el fin de cubrir las necesidades transitorias de Tesorería derivadas de las diferencias producidas en el vencimiento de sus ingresos y pagos, según lo establecido en el artículo 38.1 del Estatuto y 14.1 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Asimismo se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con el fin de cubrir necesidades transitorias de Tesorería derivadas de las demoras en el cobro de la financiación procedente de la Administración Central del Estado. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, reclamará al Ministerio de Economía y Hacienda la compensación por los Gastos financieros derivados de estas operaciones en los que incurra la Comunidad Autónoma.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, emita Deuda Pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de veintiún mil ochocientos nueve millones cuatrocientas treinta y seis mil pesetas destinados a financiar la realización de gasto de inversión, en los términos previstos en el artículo 38 del Estatuto y el 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Al Consejero de Economía y Hacienda le corresponde la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el presente artículo, así como la aprobación del gasto correspondiente a las mismas.

2. La formalización de las operaciones de crédito autorizadas por la Junta de Castilla y León, podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su autorización, en función de las necesidades de Tesorería.

La autorización de la Junta de Castilla y León al Consejero de Economía y Hacienda para la emisión de la Deuda Pública o la formalización de las operaciones de endeudamiento, servirá de justificante al reconocimiento contable de los correspondientes derechos en el Presupuesto de Ingresos de la Comunidad de Castilla y León.

Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que acuerde y formalice operaciones de cobertura de riesgo sobre las operaciones de endeudamiento vivas, así como para la conversión de las operaciones de crédito existentes, tratando de obtener unas condiciones más ventajosas para el endeudamiento de la Comunidad. Esta conversión no se computaría dentro del límite fijado en el artículo anterior.

Las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma deberán obtener la autorización de la Dirección General de Tributos y Política Financiera con carácter previo a la concertación de sus operaciones de endeudamiento.

2. Las Empresas Públicas de la Comunidad rendirán cada trimestre natural a la Consejería que estén adscritas información sobre actuaciones, inversiones, financiación y cumplimiento de objetivos. Las Consejerías remitirán dicha información al Consejero de Economía y Hacienda, por conducto de la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio, dentro del mes siguiente de cada trimestre.

3. Las retribuciones de los Presidentes, Directores Generales y Gerentes de las Empresas Públicas de la Comunidad de Castilla y León serán autorizadas por el Consejero de Economía y Hacienda a propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas.

4. Las transferencias corrientes a favor de Empresas Públicas tendrán la naturaleza de subvención de explotación, en la medida necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, y de situación de tesorería para atender gastos de la misma finalidad en el ejercicio siguiente.