Decreto 36/2003, de 27 de marzo, por el que se regula el derecho a la información y a la protección de los intereses económicos de los consumidores en la prestación de servicios de grúas de vehículos automóviles.

Sección:II - Disposiciones Generales
Rango de Ley:Decreto
 
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DECRETO 36/2003, de 27 de marzo, por el que se regula el derecho a la información y a la protección de los intereses económicos de los consumidores en la prestación de servicios de grúas de vehículos automóviles.

La Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León establece en su artículo 3 que son derechos de los consumidores y usuarios, entre otros, la protección de sus legítimos intereses económicos y el derecho a la información para facilitar el conocimiento sobre los diferentes servicios y su adecuado uso o disfrute.

Por otro lado, se observa en nuestra sociedad que el uso de los vehículos automóviles se ha extendido y generalizado, formando parte de la vida cotidiana. Cuando en estos vehículos automóviles se producen averías o cuando se ven afectados por siniestros de tráfico que impiden su circulación, se hace necesario recurrir a los servicios de grúas con prontitud e inmediatez, y en muchos casos en condiciones de espacio y tiempo desfavorables para la toma de decisiones por el usuario.

Ante esta circunstancia resulta necesario que los usuarios dispongan de una información sobre las características esenciales de este tipo de servicios, que posibilite una adecuada demanda y uso de los mismos y permita detectar las conductas contrarias a sus intereses, reivindicando, en su caso, la reparación de los daños eventuales resultantes de la deficiente presta prestación del servicio recibido, haciendo efectivos los derechos consagrados como básicos por la citada Ley 11/1998. Con esa finalidad, la presente norma regula diferentes aspectos de la prestación de servicio de las grúas de vehículos automóviles, como por ejemplo la información que hay que proporcionar a los usuarios la orden de servicio, y la factura o justificante de pago.

Este Decreto se dicta en el marco de las competencias de desarrollo normativo que la Comunidad de Castilla y León tiene asumidas en materia defensa de los consumidores y usuarios en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

En la tramitación del procedimiento llevado a cabo para la elaboración del presente Decreto se ha dado audiencia al Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios y a los sectores afectados, habiendo emitido su informe preceptivo la Asesoría Jurídica de la Consejería de Industria, Comercio...

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