DECRETO 237/1996, de 17 de octubre, por el que se desconcentran atribuciones del Consejero de Agricultura y Ganadería en los Directores Generales de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural, de Estructuras Agrarias y de Agricultura y Ganadería.
| Sección | II - Disposiciones Generales |
| Emisor | Consejeria de Agricultura y Ganaderia |
| Rango de Ley | Decreto |
Fecha del Boletín: 18-10-1996 Nº Boletín: 203 / 1996
DECRETO 237/1996, de 17 de octubre, por el que se desconcentran atribuciones del Consejero de Agricultura y Ganadería en los Directores Generales de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural, de Estructuras Agrarias y de Agricultura y Ganadería.
La aplicación del principio constitucional de desconcentración administrativa conforme al artículo 34 de la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León debe servir al más ágil y eficaz funcionamiento de la Administración Autonómica.
El artículo 21 letra i) de la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León atribuye al Consejero el autorizar los gastos y pagos de conformidad con lo establecido legalmente.
En igual sentido el artículo 119.1 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León confiere a los Consejeros la autorización de los gastos de los servicios a su cargo (excepto en los casos reservados por Ley a la competencia de la Junta o del Consejero de Economía y Hacienda), así como aprobar los actos de disposición de los créditos y reconocimiento de las obligaciones.
A través del presente Decreto se lleva a cabo un proceso de desconcentración de estas competencias en los Directores Generales de la Consejería de Agricultura y Ganadería, para las distintas líneas de ayudas con cargo a la Sección Garantía del FEOGA, que en él se especifican.
Con ello se pretende conseguir que, debido al gran volumen actual de ayudas con cargo a la Sección Garantía del FEOGA, los distintos Directores Generales responsables de su gestión dispongan también de las competencias de autorización, compromiso de gastos y reconocimiento de obligaciones, que conlleva el procedimiento de tramitación de las mismas, para una mayor eficacia de la actuación administrativa.
En su virtud a propuesta del Consejero de Agricultura y Ganadería, previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 17 de octubre de 1996
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