DECRETO 234/1999, de 26 de agosto, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares, aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero.
| Sección | II - Disposiciones Generales |
| Emisor | Consejeria de Presidencia y Administracion Territorial |
| Rango de Ley | Decreto |
DECRETO 234/1999, de 26 de agosto, por el que se modifican determi nados artículos del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares, aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero.
El Decreto 14/1999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León surgió con el objeto de hacer un desarrollo más pormenorizado y conjunto de la regulación de este festejo, recogiendo la realidad actual, pero sin olvidar las raíces históricas y del verdadero significado.
Dos objetivos se plasman en la normativa citada, garantizar la integridad física de los participantes y evitar el maltrato a las reses de lidia, lo que redundará en la perdurabilidad y dignificación del espectáculo.
Sin embargo, y sin que suponga menoscabo para la consecución de esos fines es necesario hacer unas modificaciones puntuales, permaneciendo inalterable la filosofía del Reglamento.
Estas modificaciones surgen como consecuencia de un acuerdo adoptado en las V Jornadas de Espectáculos Taurinos, en las que las diferentes Administraciones presentes, así como los sectores afectados, manifiestan la conveniencia de ampliar el cometido de la entidad local en la celebración de los expectáculos taurinos populares y creándose, en consecuencia la figura del 'Presidente', que asumirá todas las funciones de control del desarrollo del festejo, incluida la suspensión.
El acuerdo adoptado sobre las funciones que asumen las entidades locales está en consonancia con el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares ya que otro de los pilares básicos es la intervención municipal en los espectáculos taurinos populares, por lo que no se produce ninguna quiebra en el fondo del articulado.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión de 26 de agosto de 1999.
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